Nota de La Jornada.
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó al Estado
mexicano por la violación de tratados internacionales y nacionales que
garantizan el derecho humano a este recurso y lo alertó sobre los niveles de
descontento social en el país y la ausencia de instrumentos de participación
ciudadana para canalizarla.
El TLA tiene carácter ético y con este veredicto también
resolvió que hay incapacidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental.
Advirtió que hay un creciente deterioro del derecho humano al agua en el país,
así como insuficiencia de los mecanismos jurídicos para detenerlo.
Recomendó al Estado mexicano definir el acceso al agua y al
ambiente adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y
común.
Al nuevo gobierno federal pidió que se revise el sistema de
procuración de justicia ambiental y se instauren órganos jurisdiccionales en la
materia con plena autonomía administrativa y presupuestal.
También pidió cumplir con las recomendaciones hechas por el
tribunal en las pasadas audiencias públicas realizadas en 2006, 2007 y 2008,
así como establecer un mecanismo institucional de observación y monitoreo con
representación civil y amplia participación ciudadana que garantice la atención
y el cumplimiento de dichas recomendaciones.
Sugirió resolver los vacíos y omisiones legales existentes
en la normatividad hídrica y medioambiental mexicana.
Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno su
obligación de garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico para beneficio
de las personas antes del aprovechamiento lucrativo de empresas.
Para emitir este veredicto, el tribunal se basó en la
jurisprudencia internacional, en el reconocimiento universal del derecho humano
al agua y la Resolución 64/292 (2010) de Naciones Unidas en el mismo sentido.
Además, señaló, el Estado criminalizó en muchas
oportunidades a los defensores de los derechos ambientales para reprimir o
intimidar a los que cuestionan el papel que desempeña el Estado para favorecer
intereses privados. La represión a las luchas socioambientales que los pueblos
de México han sufrido, en los pasados 11 años, representa un acoso y una
persecución sin precedente.
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