Columna de Mercedes Llamas para Sin embargo.
Las investigaciones de defensores de
derechos humanos así como las quejas por parte de los ciudadanos indican que la
tortura ha aumentado indiscriminadamente en el último sexenio y que la lucha
contra el narcotráfico ha permitido que la violación de los derechos humanos
sea una constante.
El martes de esta semana, la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos presentó ante Naciones Unidas la “Situación de la
Tortura en México”, en donde se asegura que los actos de tortura en México se
han incrementado en un 500% durante los últimos años; de igual forma la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido muchas más quejas que en
los sexenios anteriores.
Lo “normal” en un estado de derecho, donde existe un
derecho positivo y donde los delitos están tipificados en un código, es que si
la tortura se encuentra dentro de dichas tipificaciones, al verse aumentada en
su comisión, paralelamente debería de incrementarse las sentencias de dicho
delito. Ante mi duda e investigando en los datos del INEGI, me doy cuenta de
que la tortura NO se castiga en México: únicamente en el periodo de 1997 a 2011
ha habido la gran cantidad de 88 sentenciados con prisión por dicho delito en
lo que compete al fuero común, y en cuanto al fuero federal, en la base de
datos antes mencionada, ni siquiera figura la tortura, aún y cuando la
legislación de dicho fuero establece de 3 a 12 años de prisión como sanción.
Para que el lector tenga una idea de la gravedad de lo anterior, me permito
compartirles las cifras de este sexenio: en 2006 hubo dos sentenciados del
fuero común por el delito de tortura; en 2007, cinco; en 2008, cuatro; en 2009,
tres; en 2010, seis y en 2011, diez. Pero qué tal se castiga la pobreza, con
qué rudeza y severidad se priva de la libertad a personas que por no contar con
oportunidades laborales o simplemente para poder dar de comer a sus hijos
cometen un robo famélico, roban un litro de leche o simplemente llevan a cabo
hurtos menores de dos mil pesos. A ellos todo el peso de la ley; se les separa
de sus familias, se les expone al etiquetamiento y rechazo social, se les
mezcla con delincuentes de todo tipo, se les marca de por vida… ¿Por qué no
aplicar el mismo rigor de la ley a aquellos que torturan a los ciudadanos? Esos
que rebajan al ser humano a condiciones animales y que ocasionan daños físicos
y psicológicos a sus semejantes, que rebajan la dignidad del ser humano a lo
más deplorable. La respuesta es sencilla: en México la tortura NO se castiga
porque se encuentra al servicio del poder, porque la tortura para la autoridad
constituye su medio de investigación más eficaz y sobre todo porque suple todas
las deficiencias del sistema judicial de nuestro país. ¡¡¡VERGONZOSO!!!
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