JUAN PABLO PROAL
“Lleva en sus ojos toda la mezcla
de la rabia, de la duda y la tristeza
tiene que pagar con el olvido
lágrima de puerto y de destierro”:
Dice el Inmigrante, León Gieco.
Ardelio Vargas justificó con cinismo por qué mandó a la Policía Estatal de Puebla a agredir reporteros y fotoperiodistas: “Cuando estoy operando tengo que estar cuidando la integridad de mi gente, y bueno, si no se identifican y si no sé quiénes son, pues con la pena, mano, pues yo estoy operando y yo tengo que apoyar tanto la integridad física de mi gente como la operación que estoy realizando” (sic).
El entonces Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Puebla justificó así la utilización de la fuerza pública contra periodistas que el 23 de agosto de 2011 cubrían un acto de represión contra campesinos del municipio de Chignahuapan.
El pasado 15 de enero el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nombró a Ardelio Vargas Fosado titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, un policía que se ha caracterizado por su vocación represiva, falta de conciencia respecto a los derechos humanos y con amplia trayectoria en sectores de inteligencia y espionaje político, será el encargado de preservar la integridad de los cerca de 400 mil centromericanos que anualmente cruzan México para llegar a Estados Unidos (cifra de la Organización Internacional para las Migraciones).
Ardelio Vargas era conocido como “el comisario” cuando fue alcalde de Villa Juárez (Xicotepec de Juárez), Puebla, en el trienio 1987-1990. “Se comportaba más como un policía que como el presidente municipal”, recuerdan los lugareños (Proceso, 1582). Su mejor ejemplo para forjar ese carácter fueron sus tíos Abraham y Melitón Fosado, conocidos como “La Sonora Matancera”, caciques de la región que controlaban las fincas cafetaleras bajo una amenaza que se volvió célebre en la región: “Te compro tu finca o se la compro a tu viuda”.
En los noventa, Vargas comenzó a formar su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del que fue delgado en Chiapas y Oaxaca. Entre 2000 y 2005 fue director de Investigación y Seguridad del CISEN y durante el último año del gobierno de Vicente Fox fue Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP). También fungió como Comisionado de la PFP. Al ejercer estos cargos tuvo injerencia en la coordinación de los operativos represivos de Atenco y Oaxaca, donde se documentaron encarcelamientos injustos, arrestos con exceso de violencia, violaciones sexuales, secuestros y delitos de lesa humanidad. Además, Vargas también fue titular de la extinta Agencia Federal de Investigaciones.
El poblano está orgulloso de su trayectoria. “Soy policía, mis hijas están muy orgullosas de que su padre sea policía”, declaró al periódico La Jornada en una entrevista publicada el 22 de enero pasado.
Vargas presume su vocación de policía y cabe decir que no es un policía bonachón. A su paso por la Secretaría de Seguridad Pública utilizó la violencia contra los civiles como recurso cotidiano. El caso más indignante fue cuando ordenó a sus subordinados la represión violenta de ahorradores defraudados por las casas Sitma e Invergroup, quienes se manifestaban pacíficamente. Muchos adultos mayores resultaron heridos y otros más encarcelados.
En su intento por pintar de legitimidad su gobierno, una de la primeras acciones del presidente Enrique Peña Nieto fue otorgar al sacerdote Alejandro Solalinde el Premio de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes centroamericanos. En ese acto, el mandatario declaró que su gobierno se caracterizaría por el respeto a los derechos humanos y propiciar un clima de tolerancia. La designación de Ardelio Vargas corrobora que ese galardón fue únicamente un acto de propaganda, una estrategia para limpiar la maltrecha imagen del presidente emanado del PRI.
Solalinde se refirió a la llegada de Vargas al INM: “La designación de un policía implica el mensaje de que en el país los derechos humanos pasan a segundo término (…) Si se requiere un alma nueva, un rostro nuevo para el INM, se debe poner a una persona versada en derechos humanos, con solvencia moral, pero jamás poner a un policía (…) Toda la retórica, todas las palabras que hacían que diéramos al menos el beneficio de la duda al nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, todo se desploma al poner a una persona que es policía”.
La simulación del nuevo gobierno federal se desmorona. El 13 de enero pasado, Osorio Chong se reunió con familiares de personas desaparecidas por la violencia que ha sacudido al país. Se comprometió ante los deudos: “Buscaremos a todos los desaparecidos”. Días después el que desapareció fue Osorio Chong, quien dejó plantados a los familiares en una cita previamente acordada.
El nombramiento de Ardelio Vargas parece estar directamente relacionado con la política alentada por Estados Unidos de reprimir los movimientos migratorios a su país, utilizando los rostros más crudos de la violencia policial. Uno de los antecedentes directos de esta práctica fue el Plan Sur, lanzado en 2001 durante la administración de Vicente Fox, cuando se le encargó al INM poner en marcha actos de agresión contra los centroamericanos.
Los migrantes son el alimento de las bandas delictivas, los policías corruptos, polleros y agentes migratorios. Sufren comúnmente represión, secuestros, tortura, violencia sexual por parte de autoridades federales, estatales, municipales y miembros del crimen organizado. Tan sólo en el sexenio pasado se reportaron entre 70 mil y 120 mil migrantes desaparecidos, de acuerdo con Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tal vez el caso más alarmante, por ser dado a conocer en los medios de comunicación, fue el homicidio a manos de “Los Zetas” de 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Los integrantes de la caminata Por la Defensa y Dignidad han responsabilizado directamente al INM de tener nexos con la delincuencia organizada. El sacerdote Solalinde ha respaldado esa versión: “El INM, por más que lo quieran maquillar, está podrido, está invadido por el cáncer de la ambición. En la dirección hay otra práctica con cierta ética, pero en provincia, y sobre todo en la ruta migratoria, la delincuencia organizada, los cárteles, sobre todo Golfo y Zetas y policías, no van a soltar a los agentes de migración”.
La designación de Ardelio Vargas Fosado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto apunta a que la violencia contra los centroamericanos no sólo va a continuar, sino que será más aguda. Si realmente la administración federal quisiera velar por los derechos de los migrantes habría nombrado al frente del INM a una figura con peso moral y trayectoria en su defensa de las garantías individuales. No fue así.
Vargas, según su historia de vida, llegará a reprimir, a ejercer mano dura contra los indefensos centroamericanos. Veremos con más frecuencia actos de humillación, golpizas y vejaciones contra ellos.
Los representantes de refugios para migrantes reportaron que en los últimos meses se ha incrementado hasta en ocho veces el flujo de centroamericanos por México, principalmente por la crisis continua que azota a las naciones latinoamericanas. Los hondureños no se han repuesto del golpe de estado de 2009 y la zona, en general, sigue siendo un paraíso de la depresión, el desánimo y la inseguridad.
Sumergidos en tierras de corrupción, impunidad, desempleo y desesperanza, los centroamericanos y los mexicanos aún ven en “el sueño americano” la única vía para acceder a una vida medianamente digna. Pero en su viaje cargan con la muerte a cuestas. Los esperan, como hambrientas aves de rapiña, “Los Zetas”, los policías y los agentes migratorios. La llegada de Vargas Fosado sólo reitera que, en materia de política exterior, el gobierno mexicano seguirá exigiendo a Estados Unidos (de dientes para afuera) el respeto para los derechos humanos de sus habitantes, pero solapará que se cometan los más viles maltratos contra sus vecinos del sur.
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