Resumen de La Jornada.
Ante los abusos en los cobros de energía eléctrica, la
apropiación de recursos naturales por las trasnacionales y la escasez en todas
las variantes de energía existente a escala global, urge elevar a rango
constitucional el derecho a este bien social, consideraron sindicalistas y
organizaciones civiles junto con usuarios del recurso.
Derecho a la energía, SOS-Futuro, agrupación fundada en
Francia en el año 2000, precisó que México no es el único país que tiene
problemas con las tarifas exageradas y la precarización energética.
Añadió que es necesario rechazar la premisa de que la
energía es una mercancía y que sólo pueden discutir su uso quienes se
consideran expertos en la materia, por lo cual dijo que la ciudadanía no debe
ser marginada de la elaboración de inicitivas concernientes al tema.
Más aún, ya que en busca de ésta las trasnacionales suelen
emplear muy malas prácticas para hacerse de las fuentes de energía y de su
transmisión, comprando voluntades políticas, convenciendo a legisladores y
cambiando constituciones y en este contexto agregó que la energía es un derecho
y por lo tanto no puede ser factor de exclusión social.
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