La trágica muerte de Amaia Egaña puede suponer un punto de inflexión
en el drama que el incesante goteto de desahucios está provocando en
todo el país. El suicidio de Barakaldo, el segundo en menos de 20 días, ha provocado una catarata de reacciones.
Desde el Gobierno a los partidos de la oposición, pasando por
sindicatos, asociaciones judiciales, agentes sociales y la Iglesia,
todos han expresado su consternación por la muerte de la mujer de
Barakaldo y se han lanzado a proponer soluciones.
Amaia Egaña, de 53 años, ha fallecido en la localidad vizcaína de
Barakaldo cuando la comisión judicial iba a proceder a desahuciarla de
su vivienda. Al parecer, se ha subido a una silla y se ha lanzado al vacío desde el cuarto piso del inmueble, falleciendo al instante, según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Interior.
Según han confirmado a ELMUNDO.es la portavoz de Stop Desahucios, Marta Uriarte, ayer recibieron una petición de ayuda de la víctima,
aunque no llegó a puntualizar que se enfrentaba a una orden de
desalojo. Egaña, que vivía con su marido y su hijo de 21 años, trabaja
desde hacía casi 30 años en la empresa de transportes Bizkaibus, en la
sección de Recursos Humanos.
Su esposo, José Manuel Asensio, es ex concejal (PSE-EE) de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo. La vivienda de ambos estaba
siendo financiada por la Caixa.
Tras este suicidio, el segundo en menos de 20 días,
representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía han
adelantado a hoy los contactos para ultimar una propuesta encaminada a
evitar los desalojos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han
mantenido una conversación telefónica en la que han acordado acelerar al máximo las conversaciones entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para buscar una fórmula legal.
El lunes se celebrará la primera reunión entre los grupos de trabajo y
en ella el Ejecutivo presentará oficialmente su propuesta de establecer periodos de carencia.
El PSOE, por su parte, ha pedido suspender todos los desahucios hasta
que haya una nueva ley. El propio secretario general, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha decidido tomar cartas en el asunto y esta misma mañana ha escrito sendas misivas al
presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, y al
presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Isidro
Fainé, en las que les solicita que suspendan los desahucios que las
entidades tienen pendientes de ejecución.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha urgido al Gobierno a aprobar ya una moratoria para
frenar la ejecución de los desahucios de las familias que se encuentren
en situación de vulnerabilidad. "El Gobierno y el PSOE tienen que dar
prioridad absoluta a este tema, esto debería estar ya", ha aseverado la
Defensora.
A su juicio, "sería conveniente" fijar una moratoria en la ejecución
de los desahucios para familias en situación de exclusión social, que
tengan niños a su cargo, personas con discapacidad o mayores. Ha
recordado que el pasado 6 de noviembre trasladó a la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una serie de recomendaciones de la
oficina del Defensor del Pueblo sobre cómo hacer frente a los
desahucios.
CGPJ: 'La ley no es la adecuada'
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha afirmado que la ley que regula los desahucios "no es la adecuada y debiera reformarse".
Ha defendido la modificación de la actual ley hipotecaria porque cree
que "no cumplel principio de Estado social y democrático y, además,
es anterior a la Constitución española".
Además, ha subrayado que la legislación hipotecaria existente "no está dando una solución al problema"
de los desahucios y ha asegurado que el CGPJ ve con "satisfacción" que
haya un principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la oposición
para establecer mecanismos contra esta situación.
Ha añadido que los juzgados, debido a la crisis económica, "están
teniendo un número muy importante de asuntos, no solo en materia de
desahucios, sino también de concurso de acreedores, despidos laborales,
reclamaciones de cantidades y desahucios".
El CGPJ defiende otra regulación normativa distinta al desahucio y
que el establecimiento de cláusulas entre una entidad financiera y un
ciudadano no sean únicamente de adhesión, sino que tenga que aceptar lo
que viene predeterminado por un contrato bancario, ha precisado.
Los sindicatos, muy críticos
Desde los sindicatos se han lanzado críticas muy duras. CCOO ha
apoyado la opinión de jueces y otras instancias de la sociedad civil
para que se paralicen los procesos de embargo de viviendas de ciudadanos
cuyos impagos de hipotecas provengan del deterioro de situaciones económicas sobrevenidas, señala el sindicato en un comunicado.
Junto a esto, insta a que se aceleren los trabajos de reforma legislativa integral
de este tipo de situaciones, dado que existe un consenso prácticamente
unánime en el Parlamento para dar prioridad a la resolución de este
dramático problema social.
CCOO solicita un pronunciamento del CGPJ que, sin perjuicio de la independencia de jueces y magistrados, promueva la aplicación de las normas conforme a la realidad social en cada momento.
Además, considera "imprescindible" que las entidades financieras,
como parte de los procedimientos de ejecución y desahucio, contribuyan a
la solución de este problema facilitando esta paralización.
UGT asegura que este tipo de sucesos son "consecuencia de la política de ajustes y recortes errónea del Gobierno del PP, "que arruina a las familias y las convierte en víctimas de esta feroz crisis,
protegiendo a las entidades bancarias, con el impuesto de los
ciudadanos, a los que está llevando a la pobreza, perdiendo salarios,
empleos y prestaciones sociales".
Conmoción en el País Vasco
En el País Vasco el suceso ha causado una gran conmoción. La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendía, ha instado a la aplicación de moratorias que
paralicen los desahucios, cada vez más extendidos en la sociedad vasca.
Mendía ha manifestado su "conmoción" y ha asegurado que nos encontramos
ante "un drama tremendo" para cuya resolución "todas las medidas que se tomen son pocas".
El lehendakari en funciones y secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado que se encuentra "destrozado" por el suicidio de Egaña, que era amiga suya.
El candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, ha expresado su disposición a adoptar medidas urgentes para
frenar los desahucios sin esperar a la formación del nuevo gobierno y
ha defendido suspender las órdenes de desalojo y de paralizar nuevas
demandas hasta que se apruebe una ley.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha expresado su compromiso "firme" de arreglar el asunto de los desahucios.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, y el
parlamentario Oskar Matute han informado esta mañana que su primera
propuesta para la nueva legislatura será "nacionalizar" las hipotecas para evitar los desalojos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario