En medio del huracán Sandy, GIRE y varias organizaciones[1] de nuestra región, presentamos el viernes 2 de noviembre, informe
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los
avances y desafíos que existen en el acceso a la información en relación
con la salud sexual y reproductiva de las mujeres en América Latina.
En el informe se detectó que la mayoría de los Estados (Argentina,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y
Perú) no producen ni entregan a la población información sobre aspectos
relevantes vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Lo cual
es una falta de acuerdo con los compromisos internacionales a los que
están obligados, pues deben dar a todas y todos los ciudadanos el
conocimiento necesario para tomar las decisiones que mejor les convengan
en cuanto reproducción, anticoncepción y derechos sexuales.
Por lo general, tampoco entregan oportunamente información
estadística sobre aborto no punible o bien lo hacen de manera parcial,
por ejemplo las estadísticas presentan un elevado porcentaje de
subregistro. La falta de información es aún mayor en el caso de abortos
ilegales e inseguros: la poca información disponible proviene de
investigaciones de organizaciones, de los registros de los poderes
judiciales locales o, en el caso de los abortos inseguros, de las
estadísticas sobre morbilidad y mortalidad materna.
Otra tendencia regional identificada, y expuesta ante la CIDH, fue la
falta de información adecuadamente desagregada. En este sentido, los
Estados consultados no producen información estadística sobre mortalidad
y morbilidad materna desagregada por etnia, escolaridad y condición
civil de las mujeres. Esos datos serían relevantes para el desarrollo de
políticas públicas de salud más efectivas.
Los resultados de esta investigación realizada durante 2012 se
discutieron en la una audiencia temática en el marco del 146 Período de
Sesiones de la CIDH, presidida por las Comisionadas Tracy Robinson, Rosa
María Ortiz, y la Relatora Especial para la libertad de expresión
Catalina Botero, quienes destacaron la importancia del acceso a la
información pública para el ejercicio de los derechos reproductivos.
Las audiencias ante la CIDH constituyen una herramienta de monitoreo y
diagnóstico importante sobre la situación de temas relevantes de
derechos humanos en la región, como lo es el acceso a la información.
En la audiencia se dio un panorama general de las tendencias
regionales para acceder a la información pública en materia de salud
sexual y reproductiva. Se expuso que, a pesar de los avances en la
adopción de leyes para promover el acceso a la información pública en
varios estados, se detectaron vacíos normativos y deficiencias
persistentes en la implementación de dichas leyes en los Estados, así
como en la provisión de información objetiva, veraz y oportuna sobre
derechos sexuales y reproductivos en las instancias gubernamentales.
La información estatal se obtuvo a través de solicitudes de
información basadas en un cuestionario general diseñado en común entre
las organizaciones participantes y se aplicó en los nueve países a
través de los sistemas estatales disponibles de acceso a la información.
Los obstáculos encontrados para acceder de forma oportuna a la
información pública solicitada evidencian que, en muchos casos, los
Estados de la región carecen de información pertinente, completa,
actualizada y adecuadamente desagregada (por sexo, edad, etnia, entre
otros factores de riesgo) sobre salud reproductiva. Asimismo, los datos
obtenidos muestran que la falta de información pública relevante para el
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres dificulta el
desarrollo e implementación de legislación y políticas públicas en la
materia.
Como se expuso en la audiencia, la emisión de leyes sobre acceso a la
información no es suficiente para garantizar este derecho. Mientras que
en algunos países existen leyes de acceso a la información pública y
órganos garantes que funcionan razonablemente; persisten los desafíos
para mejorar la entrega de la información pública de manera oportuna y
completa, como en el caso de México. En varios países de Centro
América, la ausencia de marcos legales adecuados se presenta como un
primer obstáculo a la plena vigencia del derecho fundamental al acceso a
información en manos del Estado.
Por ende, la cultura del secreto que subsiste en las
estructuras estatales de la mayoría de los países de América Latina hace
indispensable contar con leyes de acceso a la información y órganos
estatales que supervisen su aplicación efectiva.
La falta de información en cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres afecta de manera directa los
derechos de las mujeres de las Américas, pues impide el acceso a
servicios de salud esenciales, obstaculiza la toma de decisiones
objetivas e informadas y dificulta el desarrollo de políticas públicas
idóneas y eficientes para mejorar los servicios de salud sexual y
reproductiva de las mujeres.
La falta de información pública sobre salud reproductiva en la región es preocupante. Como lo ha destacado la CIDH anteriormente, la obligación del Estado de suministrar oficiosamente información (obligación de transparencia activa), es
especialmente relevante en el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
ya que contribuye a que las personas estén en condiciones de tomar
decisiones libres y fundamentadas.
El acceso a información
adecuada es de suma importancia para garantizar el consentimiento
informado de las personas sobre sus decisiones reproductivas, y supone
el cumplimiento de las obligaciones del Estado de producir estadísticas
confiables y entregar, de manera oficiosa, información que sea oportuna,
completa, accesible, fidedigna.
El acceso a la información pública cumple un rol fundamental en una
sociedad democrática; ya que permite ejercer otros derechos humanos,
favorece la participación informada en el debate público. Asimismo, el
acceso a la información es una forma de empoderamiento ciudadano, ya que
permite conocer información pública relevante para el ejercicio de los
derechos humanos y exigir cambios cuando éstos son violados.
Sin duda, acceder a la información pública relevante para la salud
sexual y reproductiva de las mujeres es parte esencial de una agenda que
busca empoderarlas y garantizar su autonomía reproductiva.
En virtud de las omisiones y carencias de información pública al
respecto, las ONG hicimos del conocimiento de la CIDH una serie de
recomendaciones para que los Estados garanticen el acceso a la
información en materia de salud sexual y reproductiva en América Latina
tales como:
- Adoptar leyes de acceso a la información pública en los países donde no existen, e instar a los Estados que sí cuentan con dichas leyes, entre ellos México, a aplicar de manera efectiva su marco jurídico.
- Elaborar, en conjunto con las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil, políticas públicas para promover el acceso de las mujeres a la información en materia de salud sexual y reproductiva.
- Desarrollar e implementar procedimientos judiciales eficaces que permitan la revisión de las decisiones de funcionarios públicos que omiten dar respuesta o deniegan el acceso de las mujeres a información pública en materia de derechos sexuales y reproductivos.
- Adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la obligación estatal de proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva desagregada por sexo, edad, etnia, raza y otras condiciones de riesgo.
- Hacer efectivo el principio de máxima divulgación en materia de derechos sexuales y reproductivos, en especial en materia de aborto y anticoncepción de emergencia.
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