Detrás de los 520 años del descubrimiento de América, víctimas de agravios y agrupaciones sociales y humanitarias denuncian "520 años" de represión, hostigamiento e intimidación en contra de la resistencia indígena, estudiantil y popular.
Habitantes de Matugeo, Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna y
Las Mesas en Michoacán, protestaron por la constante intimidación e
interrogatorios ejercidos por los soldados destacamentados en la zona;
la misma presión viven comuneros en Altamirano, Chiapas, como denunció
Blanca Estela Albores Gómez, detenida 10 días en febrero pasado con
falsas acusaciones, solo por su militancia en la Unión de Transportistas
El Quetzalito, se quejó.
En este marco, el Comité Cerezo alertó que ante el aumento de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales -considerados crímenes de lesa humanidad- "parece que la tortura no existiera", cuando esta última se ha convertido en "el método de investigación predilecto de la Marina, el Ejército y la Policía Federal".
Con la población indígena hay una mayor violación de los derechos
humanos, "siguen sin ponerles traductor a la hora de las detenciones y
como las comunidades indígenas no cuentan con las condiciones ni con los
mecanismos adecuados de defensa y protección, muchas de las denuncias
permanecen en la impunidad", dijo Cerezo.
Recientemente, muchos de los 56 pueblos originarios han sido
fuertemente agredidos por la defensa de su territorio, que ha entrado en
intensos proceso de concesión para explotación de recurso en manos de
empresas, principalmente transnacionales, destacó Héctor Cerezo.
A partir del 2006, no sólo se han invisibilizado lo casos de
agresiones a comunidades rurales o indígenas, también se ha ignorado las
agresiones a los defensores de estos pueblos, aclaró Cerezo.
En este sexenio que termina, 38 defensores fueron desaparecidos, pero
esa cifra, alarmante en sí misma, se pierde cuando el ombudsman
nacional revela que tiene 6 mil expedientes de desaparición forzada y
cuando organismos humanitarios internacionales expresan su preocupación
porque Mexico podría superar los 10 mil casos de desaparición forzada en
los últimos seis años.
"El hecho de que el Estado este desapareciendo, torturando o
ejecutando a luchadores sociales se pierde en la actual tragedia que
vive México", concluyó Héctor Cerezo.
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