Texto de John M. Ackerman para La Jornada.
Los desesperados esfuerzos de Enrique Peña Nieto y Televisa
por legitimarse mediante la cooptación de líderes de oposición no podrá borrar
la profunda indignación de la sociedad mexicana por el último proceso electoral.
Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador perredista del estado de Morelos,
pierde toda credibilidad cuando junto a la imagen sonriente del presidente
electo declara compartir con Enrique Peña Nieto la convicción de que la
legalidad no es negociable. El repudio generalizado a Antonio Antolini, antiguo
dirigente del movimiento #YoSoy132, por haberse incorporado a Televisa es
también plenamente justificado.
Estos dos personajes no son sino las más recientes
adquisiciones de un sistema acostumbrado a subir al carrito del poder a una
larga lista de figuras que después de haber criticado al autoritarismo terminan
sirviéndose de él. Las personas de ese perfil revelan su baja calidad moral al
preferir reflectores, dinero y poder a la congruencia, la democracia y el
cambio social. En lugar de cuestionar y transformar las reglas del juego,
terminan participando gustosas en el negocio de la dominación.
El sistema autoritario mexicano, hoy más vigente que nunca,
necesita simultáneamente tanto de instituciones cómplices como de líderes
cooptados. Los poderes fácticos saben que no es suficiente con que el IFE y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan hecho su parte al
declarar válida la elección presidencial de 2012. Para poder gobernar de manera
efectiva, también hace falta que la sociedad vea en Peña Nieto a un verdadero
presidente. De otra forma se pone en riesgo el proyecto privatizador de Pemex,
el pisoteo de los derechos laborales, el proyecto fiscal neoliberal y el ataque
generalizado a las conquistas de la Revolución Mexicana.
Así, la anunciada asistencia de Ramírez Garrido Abreu, Ángel
Aguirre, Gabino Cué, Miguel Ángel Mancera y Arturo Núñez a la toma de protesta
de Peña Nieto el próximo 1º de diciembre constituye un duro golpe a las fuerzas
democráticas. Con el espaldarazo al nuevo presidente, los gobernadores darán la
espalda a la sociedad y consolidarán la entendible tendencia a la desconfianza
de los ciudadanos en los políticos.
La sociedad necesita urgentemente ver ejemplos de congruencia
y visión de Estado entre la clase política. Pero esto no se logra con falsas
muestras de unidad construidas con base en negociaciones oscuras y palaciegas,
sino con la defensa de valores y principios sociales y el contundente rechazo
de la lógica imperante de corrupción política, mediática e institucional. Hoy
por hoy, la mejor forma de dignificar la política y unir a la sociedad es tomar
distancia de casi todos los políticos, y en particular del señor que compró su
camino a la Presidencia.
En el encuentro del miércoles pasado con Peña Nieto el
gobernador guerrerense tuvo un momento de lucidez. Aguirre aclaró de parte de
los cinco gobernadores que no venimos representando a la izquierda del país. Le
asiste toda la razón al señor gobernador.
Aguirre mismo es un priísta de hueso colorado e íntimo amigo
de Peña Nieto desde hace años. Ya fue gobernador de Guerrero bajo las siglas
del PRI y en 2011 primero buscó la candidatura a la gubernatura dentro de las
filas del viejo partido de Estado. Solamente buscó el apoyo del PRD una vez que
había perdido la candidatura priísta a manos de su primo Manuel Añorve y
después de haber pactado su salida del PRI con los sectores más oportunistas
del perredismo en la entidad. Recordemos que ni siquiera había cumplido un año
en el poder cuando el gobierno de Aguirre enseñó su verdadero cariz al reprimir
y asesinar a dos jóvenes normalistas en Ayotzinapa.
Núñez, Cué y Mancera tampoco cuentan con trayectorias de
lucha alguna en la izquierda. Núñez es un viejo lobo del priísmo, quien más
allá de ser leal a López Obrador no se ha distinguido por posiciones
progresistas en el Congreso de la Unión. Cué es también un político que siempre
ha estado más cercano a la burocracia priísta que a los movimientos
progresistas. Los claroscuros de sus primeros años como gobernador no deben
sorprender a nadie. Mancera tampoco ha destacado por sus ideales o convicciones
de izquierda y no cuenta con experiencia política o social alguna. Aquellos que
miran con esperanza su futura administración, con seguridad se llevarán una
gran decepción.
Ramírez Garrido Abreu es el único de los cinco gobernadores
del llamado corredor amarillo que cuenta con una trayectoria en la izquierda
política. Sin embargo, su comportamiento como senador y ahora como gobernador
de Morelos, con el caso de Huexca, revelan a alguien siempre dispuesto a
privilegiar sus intereses por encima de cualquier principio de izquierda.
En 2001, los senadores del PRD, liderados por Jesús Ortega,
traicionaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a todos los
indígenas del país al votar en favor de una reforma constitucional en materia
indígena que violó flagrantemente los acuerdos de San Andrés Sakam’chen que
habían puesto fin al conflicto armado en Chiapas. Aquella deleznable traición
ensanchó de manera peligrosa la distancia entre los políticos y los ciudadanos
y preparó el clima de polarización social que hemos venido padeciendo desde
hace más de una década.
Hoy, la tibia posición de la mayoría de los legisladores del
PRD respecto de la reforma laboral, la urgencia de los nuevos gobernadores del
PRD por acercarse a Peña Nieto, sumado a la traición de Antolini a su propia
causa, una vez más dividen a la sociedad y colocan en crisis la propia
gobernabilidad del sistema político.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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