lunes, 29 de octubre de 2012

Biografía de Netzaí Sandoval Ballesteros, Nuestro invitado especial en Red Generación Lunes 29/Oct 9PM / Centro


Netzaí Sandoval Ballesteros.



Nuestro Invitado en Red Generación
Hoy 9 PM / Centro





-Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia

-Egresado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM con una tesis sobre derecho comparativo de legislaciones estatales en materia de transparencia. 

-Su tesis de maestría en Derecho Constitucional fue dirigida por el Dr. Genaro David Góngora Pimentel.



-Es maestro nacional de ajedrez desde que tenía 12 años; ha trabajado en el Instituto Electoral del DF y en la Suprema Corte de Justicia cuando la presidía Guillermo Ortiz Mayagoitia.

-Es nieto de Pablo Sandoval Cruz, luchador social en Guerrero, quien en septiembre pasado recibió el premio Sentimientos de la Nación, y el hijo más chico de Pablo Sandoval Ramírez, fundador el PRD en Guerrero, diputado federal en 1997, quien murió en 2001, y de Irma Sandoval Corona, maestra y ácida crítica del SNTE.

-Los otros dos hermanos son Irma Eréndira, casada con John Ackerman, y Pablo Amilcar, de los mismos apellidos.

-El viernes 25 de noviembre del 2011, un joven valiente de entonces 28 años, ahora ya 29, Netzaí Sandoval Ballesteros, se presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI). Y entregó al fiscal una petición de investigación por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en donde señaló a diversas autoridades mexicanas, el presidente Felipe Calderón incluido… y también narcotraficantes. La petición que él redactó y puso en internet fue firmada en línea por unos 23 mil mexicanos.

-Netzaí Sandoval es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con honores. 

-Realizó estudios de posgrado en Administración y Procuración de Justicia. 

-Fue Asesor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

-Su trabajo académico ha sido premiado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

-Ha sido abogado postulante en Derecho Administrativo y Amparo. 

-Ha realizado funciones de asesoría para el Instituto Electoral del Distrito Federal y de consultoría para la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. 

-Actualmente realiza en España sus estudios de Doctorado. 



-Es columnista de la revista Contralínea. 

-Fue el abogado a cargo de la petición dirigida a la Corte Penal Internacional para que analice la responsabilidad de mandos militares y civiles del Estado Mexicano así como de los cárteles de la droga dentro de la llamada "guerra contra el narcotráfico" y por los crímenes cometidos en contra de migrantes centroamericanos en todo el territorio nacional.



Algunos de sus Articulos Destacados

-El uso inconstitucional del Ejército Mexicano en tareas policiacas
9 DE SEPTIEMBRE DE 2012

-México en guerra
2 DE FEBRERO DE 2012
http://www.proceso.com.mx

-Cassez y García Luna ante los tribunales
8 DE ABRIL DE 2012 

-Las mentiras sobre Atenco
29 DE MAYO DE 2012

-Falacias de un criminal
4 DE SEPTIEMBRE 2011 

-No hay democracia sin principios
29 DE JULIO DE 2012
http://www.voltairenet.org

-La “defensa” de Calderón
3 DE DICIEMBRE DE 2011


Texto Completo de la demanda contra Calderón enviada a la Corte Penal Internacional

"Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México. 

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran. 

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). 

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras). 

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica: 

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma. 

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma. 

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. 

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma. 

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma. 

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México. 

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México). 

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI." 

Aqui el Link en donde tu tambien puedes firmar esta peticion 

He aquí algunos ejemplos  de  los  juicios  de  la  Corte  Penal  Internacional :

SLOBODAN MILOSEVIC: El presidente yugoslavo de 1997 a 2000 fue inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y transferido a La Haya en junio de 2001. Milosevic, quien fue el primer jefe de Estado que compareció ante la justicia internacional, murió en su celda en marzo de 2006, durante su proceso. Se le estaba juzgando desde hacía más de cuatro años por genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra durante los conflictos en ex Yugoslavia en los años 90, que dejaron más de 200.000 muertos.

MILAN MILUTINOVIC: El presidente de Serbia de 1997 a 2002 fue inculpado en mayo de 1999 por crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto en Kosovo (1998-1999) y se entregó al TPIY en enero de 2003. Tras dos años de juicio, fue absuelto en febrero de 2009.

KHIEU SAMPHAN: El ex jefe de Estado de “Kampuchea Democrática”, (Cambodia) detenido en 2007, fue inculpado de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra. Comparece desde noviembre de 2011 en Cambodia ante una corte especial patrocinada por la ONU, que tiene a su cargo juzgar los crímenes considerados más graves durante el régimen de los Kmeres Rojos (1975-1979).

LAURENT GBAGBO: El ex presidente de Costa de Marfil, quien fue detenido en abril de 2011, fue transferido a La Haya y encarcelado en esta ciudad, tras requerir su detención la Corte Penal Internacional (CPI). Se lo acusa de ser “coautor indirecto” de crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas entre diciembre de 2010 y abril de 2011, después de las elecciones presidenciales. Tras negarse Gbagbo a ceder el poder a su rival Alassane Ouattara, el país conoció un estallido de violencia que causó 3.000 muertos.

OMAR EL BESHIR: El presidente sudanés está requerido desde marzo de 2009 por la CPI, acusado de crímenes contra la humanidad y de guerra en Darfur. En julio de 2010, los jueces también lo requirieron por genocidio. El conflicto en Darfur, que se inició en 2003, ha dejado 300.000 muertos, según la ONU, y 10.000, según Jartum. ( o Kartum , capital de Sudán) .



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