A menos de dos meses de que Felipe Calderón entregue la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, Amnistía Internacional alerta sobre el incremento de la práctica de la tortura por parte de servidores públicos en México y de la impunidad que la cobija.
En el informe
denominado “Culpables conocidos víctimas ignoradas. Tortura y maltrato
en México”, la organización con sede en Londres, Inglaterra, advierte
que el objetivo del mismo es “ilustrar el hecho evidente de que el
gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la
tortura y para pone de relieve los retos que deberá hacer frente el
nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto cuando entre en funciones en
diciembre, para poner fin a la tortura y a los malos tratos”.
Tras señalar que el documento será presentado ante el Comité contra la
Tortura de la ONU en noviembre próximo, la organización resalta la
crisis de inseguridad en la que se vio envuelto México tanto por la
guerra entre los cárteles como por el despliegue de tropas en el país.
En el informe se destaca que durante
los últimos tres años AI documentó casos representativos en los 31
estados y el Distrito Federal, y que pudo constatar que las violaciones
graves a los derechos humanos como “homicidios ilegítimos,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la
fuerza y tortura cometidas por funcionarios públicos federales,
estatales y municipales”.
Sin embargo, la organización considera
que el despliegue de tropas del Ejército y la Marina, unos 50 mil
efectivos, “ha contribuido a este acusado aumento de los informes de
tortura y otros malos tratos a manos de militares. Amnistía
Internacional no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha
documentado se haya dictado sentencia condenatoria por un delito de
tortura”.
En el informe se destaca la complejidad para documentar
el delito de tortura, toda vez que el delito no está estandarizado en
las 32 legislaciones, por lo que no todos los casos son procesados
judicialmente, en tanto que la Comisión Nacional de Derecho Humanos
(CNDH) sólo tramita los casos atribuidos a servidores públicos
federales.
Aun así, tomando como base los informes de la CNDH, se
agrega, el incremento del delito es impactante. En 2007, el organismo
sólo tramitó cuatro denuncias por tortura, incrementándose la
prevalencia año con año, hasta que en 2011, la cifra creció a 42. Se
acumularon 110 expedientes por tortura en el organismo, en tanto que por
malos tratos, abrió 4 mil 731 expedientes.
“De las 110 denuncias
de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras
que 57 siguen siendo objeto de examen. De las 4 mil 731 denuncias de
malos tratos, 83 han dado lugar a recomendaciones”, se indica en el
documento.
El documento de AI incluye reportes de otras
dependencias gubernamentales para ilustrar lo complicado de documentar
con certeza la tortura en México. De acuerdo con la PGR, de 2008 a 2011
se abrieron 58 averiguaciones previas por ese delito, de las que sólo
cuatro concluyeron en acusaciones formales; en el mismo periodo, la
Judicatura Federal registró 12 procesos judiciales de los que se
emitieron cinco sentencias condenatorias.
De su lado, el INEGI
reportó que en el ámbito federal, de 2006 a 2010, sólo hubo un proceso
judicial y ninguna sentencia; en el fuero común, en el mismo periodo, se
reportaron 37 procesos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
“Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión
de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe
en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca
hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos
expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se
denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen”,
puntualiza AI.
Sobre denuncias contra militares por tortura, AI
señala que, con base en una solicitud de información pública, la Sedena
afirmó que inició mil 60 denuncias contra militares que cometieron
delitos contra civiles en 2010 y 449 en 2011, lo que dio origen a 118
investigaciones, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de
tortura.
“De los militares afectados 98 se enfrentaban a cargos
penales, algunos por violencia contra personas causantes de muerte, y al
menos nueve enfrentaban cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se
condenó a nueve militares por delitos contra civiles. Según la Sedena,
durante la administración de Calderón se han condenado ante tribunales
militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin
embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos
ocurridos antes de la administración de Calderón y al menos 19 de las 27
restantes están en proceso de ser recurridos”, resalta AI en su
informe.
El documento, que incluye también temas de violencia
contra mujeres, migrantes y desaparecidos resalta que queda en evidencia
una vez más que a pesar de que en materia de política externa México se
ha destacado por ser uno de los Estados promotores de los derechos
humanos, al interior “esta postura es insostenible y contraria a las
obligaciones internacionales contraídas por México en materia de
derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de
medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos
tratos”.
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