Afirmaron que hay elementos suficientes para reabrir el caso
y actuar contra los funcionarios tanto del INAH como de los gobiernos estatal y
municipal por el otorgamiento de permisos irregulares y por la destrucción de
vestigios arqueológicos.
Para la construcción de la tienda Aurrerá en el perímetro C,
la cadena mayorista obtuvo todos los permisos en sólo seis meses.
Felipe Ignacio Echenique March, secretario general del
Sindicato de Académicos del INAH; Sergio Gómez, arqueólogo de Teotihuacán, y
Emma Ortega, representante del Frente Cívico Teotihuacano, afirmaron que lo
revelado por el NYT comprueba lo que ellos denunciaron en su oportunidad: las
irregularidades sobre la instalación de la tienda.
En julio de 2004, Wal-Mart inició la construcción en un predio
ubicado en Cruz de la Misión, en el barrio de La Purificación, que forma parte
del polígono C del área de protección de la zona arqueológica donde, según
decreto del 30 de agosto de 1988, se permite la construcción de edificaciones
que no atenten contra la preservación e integridad de los monumentos
arqueológicos.
La trasnacional logró que le otorgaran los permisos de
factibilidad de uso de suelo (DPUR/106/ 2004), dictamen de protección civil
(SGG/SSGG/SSSP/DGPC /02395/2004), licencia de obra del INAH (401/725/2/103P/04)
y del ayuntamiento, licencia estatal de uso de suelo (089/050/2004), dictamen y
constancias de servicios públicos (DU/CS/05/06/2004), ecológicos
(212003/RESOL/356/ 04) y de vialidad (21111/A000/ 10160/2004).
Echenique March, uno de los investigadores que presentaron
la demanda penal TEX/061/ 2004-11 ante la Procuraduría General de la República,
recordó que cuando interpusieron la acusación las autoridades comenzaron a
modificar todo y la denuncia quedó en el olvido y se exoneró a funcionarios.
Exigió que ahora nos digan los nombres de a quiénes les
dieron los cheques y que se finquen responsabilidades penales contra todos los
involucrados.
Sergio Gómez sostuvo que en su momento, mediante un
documento, acusó que le habían mostrado un cheque a nombre del esposo de una
investigadora de Teotihuacán y pidió a Luciano Cedillo, ex director del INAH,
que investigara el presunto caso de corrupción. Nunca me dieron una
contestación directa, pero me dijeron que no había elementos suficientes que
reforzaran mi denuncia; incluso firmó la respuesta Pedro Francisco Sánchez
Nava, actual presidente del Consejo de Arqueología. Sería bueno que él responda
por qué no realizó una investigación a fondo.
Emma Ortega afirmó que aún cuando el daño está hecho, es
indispensable que se investigue y se deslinden responsabilidades.
Fuente:
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de diciembre de 2012, p. 3
http://www.jornada.unam.mx/2012/12/19/politica/003n1pol
