México es reconocido como un país de origen, tránsito y
destino de personas víctimas de trata para la explotación sexual; se calcula
que 80 por ciento de sus víctimas son mujeres y niñas. Informes
internacionales, particularmente los elaborados por el gobierno de Estados
Unidos, revelan que México no cumple con los estándares mínimos para la
eliminación del delito de la trata de personas. A pesar de los múltiples
esfuerzos de la sociedad civil por exigir la adecuación legislativa y la
generación de programas de combate a la trata, lo cierto es que los gobiernos
federal y de los estados no han asumido su responsabilidad.
Tlaxcala, conocido por ser un estado donde nacen y se
reproducen redes familiares de tratantes de mujeres y niñas en diferentes
estados del país, así como de Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo, ante
la exigencia ciudadana, las autoridades han pretendido evadir su
responsabilidad de implementar políticas públicas para erradicar el delito.
Aun con la apatía gubernamental, los logros sociales pueden
contarse: la tipificación en el estado del delito de la trata de personas; la
creación de una ley en el estado que promueve acciones de prevención y del
delito y de protección de las víctimas; y el diseño de la Estrategia Estatal
contra la Trata de Personas, así como su Plan Sexenal, que prevé acciones de
prevención, atención, sanción y reparación del daño. Sin embargo, la realidad
muestra que los logros siguen siendo insuficientes.
La operación de las redes no se detiene: en Tlaxcala los corredores
de explotación sexual siguen tan activos como antes, particularmente el que va
de la ciudad de Puebla a Santa Ana Chiautempan; los casos de las mujeres
desaparecidas a manos de tratantes es una constante; tan sólo de enero de 2011
a la fecha se presentaron 120 denuncias de trata en la Procuraduría General de
Justicia del estado (un número significativo considerando el delito), de los
cuales sólo se lograron tres sentencias, una recientemente revocada por el
Tribunal Superior de Justicia, alegando la indebida integración de la
averiguación previa. La pugna entre la procuraduría y el tribunal, en su
pretensión por justificar su ineptitud dejando en libertad al tratante, da
muestra de las deficiencias en la persecución del delito y la procuración de justicia
en el estado.
Es evidente entonces que las autoridades tienen incapacidad
institucional para implementar una política integral de prevención y
persecución del delito, a pesar de estar obligadas por ley; o bien, la realidad
muestra la mediocridad de las y los servidores públicos responsables, pasando
por una posible colusión de las autoridades con las redes de trata, hasta
quedar actualizada la hipótesis de ser las mismas autoridades quienes se
benefician del delito, sea a través de la extorsión o directamente como dueños
de los lugares de explotación sexual.
Lo que el gobierno del estado ha argumentado es que hasta
ahora las instituciones públicas no cuentan con recursos públicos para operar
las acciones contra la trata de personas; momento es entonces de hacer un
llamamiento a la legislatura del estado de Tlaxcala, que se encuentra
definiendo el Presupuesto de Egresos para 2013. La bolita está en su cancha y
le toca actuar con responsabilidad frente al pueblo que representa,
garantizando el recurso suficiente para que las autoridades, sin pretexto
alguno, encaminen sus acciones para erradicar el delito, dando un trato digno a
las víctimas y un camino de justicia que les repare el daño vivido y ponga tras
las rejas a los tratantes.
Si ante el llamado legítimo de la ciudadanía, en el
Legislativo no se garantiza el presupuesto para las acciones gubernamentales
contra la trata de personas, quedará claro que hay una simulación de los tres
poderes de gobierno en Tlaxcala para actuar, lo cual los hace responsables
directos de la persistencia y expansión del delito; y de la violencia extrema
que estén viviendo mujeres y niñas, sobrevivientes al dolor de la explotación
sexual.
* Obispo de la diócesis de Saltillo
FUENTE:
http://www.jornada.unam.mx/2012/12/11/opinion/020a1pol
