México tiene la tasa más alta de asesinatos en países de la OCDE; el fenómeno “le quita el sueño” a los mexicanos

Resumen de Sin embargo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó al gobierno mexicano un estudio que permitirá avanzar en la lucha contra la inseguridad, un fenómeno “que le quita el sueño” a la mayoría de los mexicanos y que impacta en la actividad económica del país. Durante el panel “Seguridad, justicia penal y competitividad”, el secretario general de la OCDE, Angel Gurría Treviño, expuso que además de las consecuencias en materia social y de Estado de derecho, la inseguridad tiene un impacto directo en la economía del país.

Afirmó que el alto índice delictivo que enfrenta el país encarece los costos de producción de las empresas, así como las exportaciones por la contratación de seguros. 

Lo anterior, entre otros aspectos, termina por obstaculizar la creación de empleos y por lo tanto la calidad de vida de los mexicanos, expresó Gurría Treviño en el marco de la presentación del estudio “Fortalecer el uso de evidencia en las políticas de seguridad y justicia en México”.

El director del Imco, Juan Pardinas, consideró que la inseguridad es un problema muy focalizado, por lo resulta injustificado sostener que todo el territorio mexicano enfrenta un problema de alto índice delictivo. Ejemplificó que si bien el estado de Chihuahua registra alrededor de 88 homicidios por cada 100 mil habitantes, Yucatán reporta cerca de cinco por ese número de habitantes. En materia de justicia penal, refirió que mientras Baja California Sur registra una tasa de 63 por ciento respecto a la población en prisión en espera de sentencia, en Puebla ese porcentaje es de 28 por ciento, en tanto que el promedio nacional es de 44.5 por ciento. De acuerdo con Juan Pardinas, el estudio reveló que existen brechas en la disponibilidad y calidad de información para medir el desempeño del sistema de seguridad y justifica penal en México, en especial a nivel subnacional. Lo anterior, al reconocer que brindar seguridad y justicia no sólo es importante para la gobernabilidad, sino el precursor de una economía sana que respeta la propiedad y la seguridad de los trabajadores y en la reducción de los riesgos para invertir y los costos para hacer negocios. El estudio le ofrece a las entidades federativas recomendaciones en la aplicación de justicia penal y de seguridad, lo que impactará positivamente en un mejor clima de negocios e inversión. El próximo 26 de noviembre se presentarán los resultados del estudio al gabinete de seguridad, así como al Consejo de Seguridad Pública, y se distribuirán entre gobernadores, universidades y centros de investigaciones interesados, con el objetivo de sumar sinergias para la generación de políticas públicas.

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