Texto de Jorge Carrillo Olea para La Jornada.
Sí, los muertos que Calderón mató gozan de cabal salud,
salvo los 60 mil que realmente murieron. Los otros, los que ni él mismo puede
calcular, gozan de cabal salud y, atendiendo el mandato bíblico, crecen y se
multiplican. Ninguna estadística puede contradecir que desde 2006, en que
inició su blitzkrieg, los números de muertos, deudos, desaparecidos,
desplazados, delitos asociados o economías regionales damnificadas y demás
efectos hayan ido ni por un momento a la baja. Es un crimen total.
Desde la perspectiva de los derechos humanos fueron
asesinados, ya que no hubo acatamiento a las leyes de una supuesta guerra que
no existe legalmente. Quienes hubieran sido los contendientes habrían demandado
acogerse a las convenciones de Ginebra relativas a protección de la población
civil. Son tratados internacionales que contienen las principales normas
destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no
participan directamente en los actos letales (paisanos, personal médico,
periodistas, heridos, enfermos, miembros de organizaciones humanitarias).
No existiendo la tal guerra, pero también sin observancia
del derecho común, que en ningún articulado prescribe el derecho a matar para
policías y militares, esas son las características centrales de la ilegítima
lucha del Presidente que se va. Y se llevó en su torbellino las raíces
profesionales de las fuerzas armadas. En vez de reordenarlas jurídicamente y
reorganizarlas, simplemente les destrabó sus controles, las incitó a buscar,
encontrar y matar, y sólo excepcionalmente a detener. No hubo las atenuantes de
estado de necesidad ni de legítima defensa ni de homicidio justificado.
Usó tal vez sin saberlo, pero de modo imperdonable en un
abogado, esa consigna criminal del ejército de EU en Vietnam: search and
destroy (busca y destruye), con una terrible agravante, plena de indignidad en
un jefe de Estado: allá el enemigo era extranjero y el territorio y sus leyes
igual. Aquí se incurrió en todo agravante filosófico, político y jurídico. A
Calderón no se le piensa reo de delitos contra la humanidad, ni de crímenes de
guerra; esas expresiones ansiosas de justicia no han funcionado. Debe ser
condenado públicamente como el execrable que es, junto a los grandes
destructores de la patria.
Mientras, el alto crimen avanza, crece y se multiplica, como
mandan las escrituras. Se torna ejemplo incitante y descompone como arquetipo
del dinero fácil a una sociedad con escasas esperanzas. El crimen común
–también las estadísticas son incontrovertibles– avanza, permea a la sociedad.
Criminales menores de edad o muy jóvenes son actores cada día más frecuentes de
secuestros, extorsiones, asaltos, robos domiciliarios.
La evolución de los cárteles es una realidad no solamente
numérica, sino en términos de dominio territorial. Hace seis años existían los
clásicos Sinaloa, el Golfo, Tijuana y Ciudad Juárez. Hoy han surgido varios
hasta con nombre épicos, homéricos, entre ellos los Caballeros Templarios, la
Familia Michoacana, los violentísimos Zetas y el Independiente de Acapulco. Hoy
son más cárteles y su poder no por eso se ha dividido; son mucho más violentos.
Allá en 2006 ocupaban menos de 20 por ciento del territorio nacional. Hoy están
ya en 50 por ciento o más
Son los muertos que mató Calderón y es evidente que gozan de
cabal salud. Entonces, ¿cuál fue el objetivo concreto, medible, justificable de
su blitzkrieg? ¿Con qué justificar 60 mil muertos y haber asolado medio país,
cuál es su responsabilidad en la historia?
hienca@prodigy.net.mx
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