Por: Alberto Osorio
En: Revista Proceso
GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Antes de dejar la administración estatal y después del fracaso del PAN en las elecciones recientes, Emilio González, tercer mandatario estatal emanado del PAN, repartió 40 licencias para nuevos notarios entre sus amigos y conocidos, con lo cual el estado es el que tiene más fedatarios en el país.
Según datos proporcionados a este semanario por fuentes del Colegio de Notarios, entre los favorecidos del mandatario está su hijo Emilio González Guzmán, cuyo examen estaría programado para este mes. No obstante, ante el escándalo podría dar marcha atrás.
La decisión del mandatario estatal saliente causa serias divisiones y ahonda la crisis que afecta al gremio de los notarios públicos, quienes renovarán dirigencia en diciembre.
En la lista de los beneficiados por González Márquez aparecen el exsecretario general de Gobierno y candidato perdedor de Acción Nacional, Fernando Guzmán; el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, y el presidente del Tribunal de Justicia, Celso Humberto Rodríguez González, entre otros.
Se trata del reparto de un botín sacado por la fuerza y en medio de un proceso violatorio a Ley del Notariado local, según las quejas recibidas por Proceso Jalisco de distintos notarios, que piden mantenerse en el anonimato con el fin de evitar cualquier tipo de represalia.
Coinciden con esos cuestionamientos el constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso, catedrático de la Universidad de Guadalajara, y Maximiliano Lomelí, quien desde febrero pasado promovió un juicio político contra Fernando Guzmán Pérez Peláez, por considerar que cometió abuso de autoridad cuando trabajó como secretario general de Gobierno.
El 28 de febrero próximo, González Márquez dejará el cargo y entregará la administración al gobernador electo, el priista Jorge Aristóteles Sandoval; y quedarán cobijados en las nuevas notarías quienes hoy son funcionarios públicos en activo, hijos de notarios y hasta amigas de políticos.
En el listado, además del procurador Tomás Coronado y de Guzmán Pérez Peláez, también aparecen el presidente Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Celso Rodríguez González, a quien le tocó la Notaría 34 de Guadalajara, y José Guillermo Meza, expresidente del Tribunal Electoral y actual magistrado en el mismo organismo, a quien se le otorgó la 136 de la capital jalisciense.
Obtuvieron su notaría Ricardo López Camarena, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (la 49 de Guadalajara), Manuel Bailón Zúñiga (70 de la misma ciudad), abogado de 27 años e hijo del presidente del Colegio de Notarios, Manuel Bailón, quien tiene uno de los más grandes despachos notariales de la capital, en el condominio Guadalajara, situado en 16 de Septiembre y Niños Héroes.
La licenciada Leticia Margarita Domínguez López, beneficiada con la Notaría 1 de Tlaquepaque, es auxiliar de Manuel Bailón padre.
Es el mismo caso de Fernando López Vergara Corcuera (Notaría 4 de Zapopan), hijo del notario Fernando López y sobrino de Jorge López Vergara, exprocurador de Jalisco y excolaborador del que fuera gobernador panista, Alberto Cárdenas Jiménez.
La actual integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Carmelita Chávez Galindo, conocida por su estrecha cercanía con el exsecretario de gobierno y exsenador del PAN Héctor Pérez Plazola, también está a punto de presentar su examen para obtener su licencia notarial.
Chávez Galindo fue impugnada al llegar al cargo de consejera de la Judicatura porque fue designada juez apenas el pasado 25 de junio. José María Martínez, diputado panista y actual senador por Jalisco, señaló: “Ella es inelegible porque es juez electa, aunque no esté en funciones”.
Además, Lorenza Covarrubias Radillo, empleada de la Dirección General de Visitaduría en la Procuraduría Social, tendrá a su disposición otra notaría más en Guadalajara.
Por su parte, María Enriqueta Ortiz Guerrero, responsable del área jurídica de la Secretaría de Administración, se quedó con la Notaría 80, que permanecía vacante, también en la capital del estado.
Fedatarios inconformes indican que ella no cumple los requisitos, aunque en el expediente entregado al Colegio de Notarios Ortiz Guerrero asegura que realizó sus prácticas en el despacho de Leticia Rocío González Aceves hasta febrero de 2008.
A juicio de integrantes de la comisión especial que estudia los expedientes de los aspirantes, ese dato no corresponde a la realidad porque González Aceves tiene su despacho en El Salto, y dicen que Ortiz Guerrero no pudo desplazarse diariamente a ese municipio sin afectar su labor en el gobierno del estado.
La misma comisión especial indica que Ortiz Guerrero presenta incompatibilidad para el ejercicio de notario, dado que se desempeña como funcionaria pública, condicionante que la Ley del Notariado sanciona con toda precisión.
Asimismo, la Notaría 1 de Puerto Vallarta se le concedió a Fernando Castro Rubio, síndico de ese municipio, a pesar de una impugnación interpuesta ante el Colegio de Notarios por el fedatario de Tonalá Manuel Torres Jacobo, quien considera que esa asignación es ilegal.
Guillermo Rentería Gil, juez civil que trabaja en Tamazula, también obtuvo su licencia a pesar de que es servidor público y por lo tanto no elegible para el cargo.
Golpeteo interno
Los notarios inconformes con esa forma de asignar notarías señalan que el gobernador saliente entrega a sus amigos esas licencias como pago de favores políticos o tráfico de influencias, sin tomar en cuenta la capacidad profesional de los beneficiados ni el exceso de estos establecimientos en el estado.
Algunos lamentan que se reducirá el trabajo para cada notario y ponen como ejemplo la reciente renuncia de Alejandro Vargas, que se había establecido en Tlaquepaque pero cerró el despacho por falta de trabajo. Entrevistado por Proceso Jalisco, Vargas reconoce que en el mejor momento de su notaría contó con 17 empleados, pero en 1995 comenzó una mala racha que empeoró hasta que no tuvo actividades.
Para entonces ya sólo quedaban una secretaria y un colaborador externo. “Decidí cerrar porque se acabó todo; ahora vengo a mi oficina y ya no hago nada, salvo jugar ajedrez en una versión electrónica y a través de la computadora, mientras decido qué otra cosa se puede hacer”, narra.
Acerca de los nuevos nombramientos asegura que es práctica común de los gobernadores salientes.
Algunos fedatarios recuerdan que el principal escándalo en el reparto de notarías antes del actual ocurrió en la administración del gobernador interino priista Carlos Rivera Aceves, cuando se vendieron licencias en 300 mil pesos o más, “dependiendo de la zona”.
Otros entrevistados aseguran que, ante la crisis en la zona metropolitana, muchos notarios tienen que reducir al máximo sus gastos operativos, despedir a empleados o conseguir buenos contratos para garantizar los ingresos.
Afirman que, con todo, “hay notarios que se dan el lujo de procesar miles de escrituras al mes y tienen en sus despachos un ejército de colaboradores o secretarias, tal como ocurre con Enrique Alfaro Anguiano”, exrector de la Universidad de Guadalajara y padre del excandidato al gobierno de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez.
Un experimentado fedatario confía que para algunos de sus colegas el negocio consiste en dar una “iguala de 500 pesos o más por cada escritura que se trabaja, pero eso nadie te lo va a decir en grabación y menos si es para publicarse en Proceso Jalisco”.
Los inconformes sostienen que durante las administraciones de Francisco Ramírez Acuña y de Emilio González Márquez, ambos del PAN, Jalisco se convirtió en la entidad con más notarios públicos en el país. En el directorio del Colegio de Notarios hay 323 afiliados, es decir, uno por cada 21 mil habitantes. La Ley del Notariado indica que para la zona metropolitana de Guadalajara debe existir un notario por cada 30 mil ciudadanos y en el resto de los municipios uno por cada 20 mil.
Con las nuevas licencias, Jalisco superará al Distrito Federal y a Nuevo León en el número de fedatarios por habitantes.
El grupo de inconformes indica que frente a las irregularidades solapadas por el presidente del Colegio de Notarios, Manuel Bailón, y las violaciones a la ley que entrañan las dádivas del gobernador, es factible que ellos promuevan actos jurídicos para garantizar la restitución del estado de derecho.
Aclaran que de las nuevas 40 licencias, en 19 casos los aspirantes ya pasaron el trámite y tienen el fiat para establecer sus notarías y cinco fueron impugnadas por ocho integrantes del Consejo de Notarios que acusaron a su presidente, Manuel Bailón, por no respetar los acuerdos de consejo y por violar la ley, aunque finalmente todos los aspirantes lograron presentar el examen.
El vicepresidente del Colegio de Notarios, Adrián Talamantes Lobato dijo que el consejo determinó desde el pasado 18 de septiembre que Coronado Olmos, Fernando Guzmán y otros aspirantes no cumplían los requisitos legales, aunque ambos acudieron a presentar su examen el 2 de octubre.
Fernando Guzmán supuestamente realizó sus prácticas como notario con el panista Felipe de Jesús Preciado Coronado desde octubre de 2006. Pero ese dato no cuadra, porque el excandidato a gobernador fue secretario general de Gobierno desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2011. Los miembros de la comisión especial se preguntan en qué momento Guzmán cumplió con el periodo de prácticas que exige la ley: “¿Acaso le abrían la notaría por la noche?”
Otro panista argumenta que también hizo sus prácticas en el despacho de Preciado Coronado: es Ricardo López Camarena, subsecretario de Asuntos Jurídicos en la administración de Emilio González. Lo extraño es que esto ocurrió cuando Felipe Preciado solicitó licencia para separarse del cargo de notario y ocupar una curul federal en 2009.
Otros de los beneficiados en 2012 son Javier Cuéllar Velázquez (con la Notaría 24), Adán Godínez Montes (62), Lorenza Covarrubias Radillo (33), Manuel Bailón Zúñiga (70), Óscar Álvarez del Toro (91), Carlos Enrique Guevara Ramos (75) y Jesús Sánchez Navarro (39), todos ellos en Guadalajara.
En el mismo caso están Guillermo Rentería Gil (1 de Tamazula), María Margarita Covarrubias y Ramos (2 de Tlaquepaque), Gerardo Hinojosa Zepeda (1 de Acatlán), Sergio Antonio Macías Aldana (1 de Tuxcueca), Juan Emilio Lomelí Vargas (7 de Tonalá), y Fabiola Lizzette Murillo Vargas (2 de Tala).
Casos especiales son los de José Guillermo Meza (136), Celso Humberto Rodríguez González (34), Tomás Coronado Olmos y Fernando Guzmán, aspirantes a notarios de Guadalajara que, según el constitucionalista Francisco Jiménez Reynoso, violan flagrantemente la ley del notariado sólo porque en la última fase de su administración el gobernador Emilio González se despacha con la “cuchara grande” para cumplir sus compromisos políticos y de amistad.
Asegura que la inconformidad de algunos de los miembros del Consejo de Notarios se debe a que varios de los aspirantes, entre ellos los políticos mencionados, no comprobaron sus estudios de postgrado. La Ley del Notariado establece los requisitos para obtener una patente en su artículo 8, y esos funcionarios no tienen ningún problema, dice, pero el artículo 9 exige claramente estudios de posgrado en materias afines al derecho notarial y con cinco años de ejercicio profesional.
Muchos de los beneficiados por Emilio González tienen problemas para solventar ese requisito, porque si eran servidores públicos ¿en qué momento cursaron los postgrados y cuándo realizaron sus prácticas del ejercicio profesional, tal como se establece en la fracción sexta de la Ley del Notariado?
Jiménez Reynoso asegura que los notarios inconformes pueden presentar su reclamo si lo sustentan en el artículo 154 de dicha ley, el cual establece que el nombramiento de un notario se puede invalidar cuando el aspirante haya utilizado documentación apócrifa o sustentado con falsedades la integración de su expediente para realizar el examen o solicitar la licencia de notario.
De hecho, Maximiliano Lomelí Cisneros, catedrático del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, promovió a principios de este año un juicio político contra Fernando Guzmán por cometer violaciones a la Ley del Notariado y permitir que funcionarios como Celso Rodríguez, Guillermo Meza y Guillermo Rentería obtuvieran patentes a pesar de que sus fiat fueron firmados por Víctor González Romero, actual secretario general de Gobierno.
En su defensa, Celso Rodríguez asegura que obtuvo su notaría con total apegado a derecho y que para ello tuvo que solicitar licencia al cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia para asumir el nuevo cargo.
Los notarios inconformes acusan a Bailón promover la división en el gremio, pero otros afirman que debió obedecer la orden del gobernador y aclaran que tras el escándalo está la pugna de dos grupos por la presidencia del Colegio de Notarios: el de Heriberto Raúl Santana Murillo y el de Juan Carlos Vázquez, en tanto que Bailón padre aspira a la dirigencia nacional del Colegio de Notarios.
El sábado 6 varios medios publicaron una entrevista en la que el vicepresidente del Consejo de Notarios, Adrián Talamantes, ofreció su versión del conflicto interno por las aspiraciones de Fernando Guzmán, Tomás Coronado y otros funcionarios de Emilio González. Pero también cuestionó:
“Si el consejo tomó un acuerdo, ¿por qué el presidente actuó en contra de esa decisión, violentando la ley y constituyendo ese acto en una falta de respeto a los miembros (del consejo)? En la sesión de ayer manifestamos que no asistiríamos a ninguna sesión porque no tiene sentido que el consejo tome acuerdos y que el presidente no los respete”.
Proceso Jalisco buscó a Talamantes para que ampliara sus declaraciones, pero el notario rechazó la entrevista.
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