Astillero

La excepcional sesión senatorial de este martes produjo cuando menos tres resultados políticos en firme (si no fuera por otra cosa, la excepcionalidad mencionada provendría del hecho de que esa cámara hubiera sesionado tantas horas seguidas con una asistencia del ciento por ciento de sus integrantes y sin ausencias, salidas a los sanitarios o marrullerías pensadas para deformar las votaciones). En primer lugar, se colocó en el centro de la discusión pública el tema de los cacicazgos sindicales y su corrupción (tema conocidísimo, desde luego, pero ahora inserto en una nueva agenda política en busca de cambios). 

El segundo logro fue exhibir al PRI en su dimensión exacta de órgano defensor de esas especies, hasta ahora con poco riesgo de extinción, y pasarle a su cuenta política el costo de frenar en San Lázaro lo que se avanzó en San Lázaro. Y, por último, se mostró la viabilidad de alianzas legislativas entre fuerzas naturalmente opositoras entre sí, el PAN y el PRD, pero capaces de unirse para enfrentar a un PRI cuya aritmética no le permitió salir adelante.

Pero, fuera de eso, todo lo demás debe ser visto con prudencia y en modo condicional, sin la euforia de por sí sospechosa de personajes nada confiables en términos de defensa del sindicalismo auténtico y los intereses reales de los trabajadores (como el panista Javier Lozano, ahora senador y antes rudo secretario del trabajo, o Luisa María, la hermana de Felipe Calderón, provisionalmente convertida en algo cercano a una presunta guerrillera proletaria) y en espera de que la Cámara de Diputados, donde el PRI tiene la mitad más uno de los votos (251, más las probables ayudas de aliados ya salidos del clóset, como el petista-salinista Adolfo Orive), resuelva si acepta los cambios hechos por los senadores al texto ya antes aprobado por San Lázaro, o los rechaza sólo en esos rubros específicos modificados o genera tal turbulencia procesal que el conjunto de la reforma sea enviado provisionalmente al territorio de indefinición conocido como la congeladora, y el tema sea enviado para su discusión a otro periodo de sesiones, con otras circunstancias y eventualmente con otros resultados.

Por lo demás, el revuelo tan exagerado por la aprobación, condicionada, de nuevas reglas en materia de democracia y manejo de recursos en los sindicatos, ha hecho que transite con menos atención y crítica lo sustancial de la reforma laboral impulsada por Calderón y apoyada por Enrique Peña Nieto. Es decir, mientras se loa por adelantado una supuesta transformación profunda de la vida sindical mediante la imposición de letra legal, se ha suprimido toda una visión y práctica de las relaciones obrero-patronales que, con todos sus vicios y defectos graves, mantenía cierta franja de protección a la parte trabajadora, para imponer nuevos esquemas que permitirán mayores ganancias al capital nativo y extranjero. En este punto confluyeron afinadamente el PRI y el PAN, votando a favor y dejando al bloque de izquierda en solitario, aunque luego, ya en lo sindical, se produjo el espectáculo que acaparó la atención del respetable público, con los caciques sindicales priístas puestos bajo guillotina de saliva y el panismo cobrando réditos protagónicos, como si las reuniones entre Peña Nieto y Calderón hubieran servido para algo más que el proceso de transición administrativa pinolera.

No deja de ser irónico, por lo demás, ver tanto revoloteo por presuntos avances en materia de control de caciques sindicales: en un país golpeado por la corrupción, los fraudes electorales y la compra del voto, la vida interna de los sindicatos se volvería insólitamente democrática y honesta. Con la varita mágica de nuevas normas legales (en suspenso), los jefes sindicales mafiosos serían arrollados por el voto libre y secreto y por las exigencias de auditoría y transparencia en sus cuentas. ¡Oh, nadie podría salvar a esos pobres dinosaurios en peligro! Para cerrar el cuadro, recuérdese que dos grandes sindicatos emblemáticos (profesores y petroleros) quedan fuera del alcance de estas presuntas nuevas reglas, porque su ámbito corresponde al apartado público y porque sus líderes se religieron a última hora por seis años más. Ah, pero un dato muy relevante fue que la hija de Elba Esther Gordillo votó a favor de las posibles modificaciones que no afectarán a su mamá.

En ese contexto de marometas con aire de solemnidad, los gobernadores técnicamente adscritos al PRD se reunieron ayer con Enrique Peña Nieto, en un acto cuya premura devela una urgencia del priísta por hacerse de formas de reconocimiento político y una gran predisposición de los izquierdistas por dejar atrás cualquier signo de discordia. Para evitar que el encuentro pareciera una forma adelantada de legitimar la forma como el mexiquense se hizo del poder (conforme a lo denunciado en su momento por el candidato presidencial perredista y el dirigente nacional del sol azteca), los gobernadores pudieron haber esperado a que el uno de diciembre se iniciara un proceso formal al que, por razones prácticas, no quisieran dar la espalda. Pero ganaron las urgencias y allí llegaron los electos Miguel Ángel Mancera (Marcelo Ebrard no fue, aunque él a su vez tendrá su momento cumbre de legitimación hacia Felipe Calderón si éste lo acompaña próximamente a inaugurar la línea 12 del Metro) y el ¿lopezobradorista? Arturo Núñez, más los que están en funciones: Graco Ramírez, en primerísimo lugar obvio; Ángel Aguirre, contento de ver a su gallo original presidiendo la reunión, y el multipolar Gabino Cué, que tal vez se asuma como miembro del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado más que del PRD.

Y, viendo que salieron libres bajo caución los últimos ocho normalistas que le quedaban en prisión al atribulado Fausto Vallejo, ¡hasta mañana, con el joven itamita Antonio Attolini repudiado por la mayoría de sus ex compañeros del 132 por haber aceptado participar en una serie de programas de Televisa, en Foro TV, cuyo contenido y grado de libertad serán la prueba de fuego!

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