SINEMBARGO, Redacción
22 de Febrero de 2013
¿Quién fue la o el genio al que se le ocurrió dejar a más de 120 municipios del país con pobreza extrema y carencias alimentarias fuera de los beneficios de la Cruzada contra el Hambre?
Porque si lo que quería ese personaje o el grupo de trabajo que elaboró el padrón era hacer lucir a su jefe, el Presidente Enrique Peña Nieto, lo único que logró es provocar un gran tropezón a uno de los programas insignia del priista mexiquense y, además, llenarlo de sospechas.
La responsabilidad directa, por lo pronto, recae en Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y quien está encargada de la coordinación de los programas antipobreza de la actual administración.
Las acusaciones y señalamientos contra este programa se centran en sus tintes electorales, pues concederá recursos a municipios plagados de votantes, antes que darlos a aquellos que tiene menor población pero padecen los mayores niveles de pobreza e incluso hambruna.
Según datos de 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 46.2% de la población vive en la pobreza, lo que equivale a 52 millones de personas.
De los 2 mil 500 municipios que hay en México, el plan abarcará a unos 400, pero deja al margen a la mayoría de los que tienen más altos índices de marginación social, pobreza y desarrollo humano.
Para el programa social que el Presidente Peña Nieto presentó el pasado 21 de enero, no son prioridad, por ejemplo, los municipios de Batopilas –el segundo más pobre de México, de acuerdo con la propia Sedesol– y Carichí, ambos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde se reportan muertes por hambruna.
Estos ayuntamientos no se incluyeron en la Cruzada contra el Hambre pese a que 55.4% de la población de Batopilas y 33.5% de Carichí se encuentra en situación de pobreza extrema, de acuerdo con cifras del Coneval.
Sin embargo, sí serán beneficiados Chihuahua y Ciudad Juárez, dos municipios plagados de votantes y donde la pobreza extrema es de sólo de 2% y 4.8%, respectivamente.
En Jalisco esa situación se repite: mientras que Mezquitic tiene 40.7% de su población en pobreza extrema, el programa federal incluyó a Tlajomulco de Zúñiga, un municipio que tiene un boom turístico y se ha convertido en uno de los sitios favoritos para que la gente de mayores ingresos de Jalisco instale sus casas de fin de semana. Tlajomulco recibirá el apoyo de la Cruzada, pese a que sólo 3.8% de su población está en pobreza extrema.
En Aguascalientes, sólo se incluyó a la capital del estado, cuando municipios como Asientos tiene a 31.7% de su población con problemas alimenticios.
Otras localidades con altos índices de marginación que no fueron tomadas en cuenta son: San Andrés Duraznal, Chiapas, considerado el séptimo más pobre del país; Badiraguato, Sinaloa, con 21.1% de su población en pobreza extrema; Pinal de los Amoles, Querétaro, con 34% de sus habitantes con niveles de pobreza extrema, y Tamazula, Durango, con 35.9% de su población en pobreza extrema. La lista, por supuesto, es mucho más larga.
En la página web de esta iniciativa [http://cruzadacontraelhambre.gob.mx/] es definida oficialmente como: “…una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social, que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación”.
Pero en los hechos, es claro, esa inclusión no fue determinada por la prioridad de rescatar a esos mexicanos que viven en alta marginación.
Por ello, los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) han levantado su propia cruzada contra la Cruzada.
Rosario Robles comparecerá pronto ante las Comisiones de Desarrollo Social y la de Asuntos Indígenas, para que explique el presunto uso electoral que le dará el gobierno federal a la Cruzada Contra el Hambre.
Y es que, otra vez, está latente el riesgo de que los menos favorecidos del país, que son la mitad de los habitantes, sean relegados frente a la ambición y los intereses de quienes hoy gobiernan México.
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