Resumen de Sin embargo.
Denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión
de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el marco de la la lucha
antinarco, Felipe Calderón Hinojosa ha dicho que esto no le preocupa, tal como
parece ocurrir con llamados y acusaciones de organismos mundiales que en más de
una ocasión le han pedido frenar los asesinatos de periodistas, activistas y,
en general, de miles de ciudadanos en México.
Pero hay más reclamos por los que
Calderón Hinojosa ha sido acusado y denunciado por ONG’s nacionales y
extranjeras, que claman justicia y piden se revelen las cifras exactas con el
saldo rojo de la violencia en el país. Ahí se destaca la incidencia de
feminicidios y las promesas de seguridad y justicia incumplidas a los
migrantes.
DENUNCIA EN CPI El pasado 25 de noviembre de 2011, el
abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional
(CPI) una demanda contra Calderón y parte de su gabinete de seguridad
–respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del
cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad,
ocurridos en el contexto de la guerra contra el crimen organizado. Los
activistas afirman que se trata de denunciar una situación en general, centrada
en los años de gobierno calderonista. “Pero no queremos sólo pedir la
responsabilidad del presidente, ni siquiera únicamente la de los narcos, sino
que buscamos que se puedan juzgar al amparo de las leyes internacionales casos
que no están contemplados por la legislación mexicana. En México existe un
vacío legal que nos obliga a actuar a nivel internacional para denunciar
situaciones como las “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones
extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un
simple asesinato” afirmó Sandoval. “Esos vacíos legales son los que permiten
que la situación se repita una y otra vez y no sólo con los narcos como
protagonistas, también con el propio Ejercito mexicano. Ese clima de violencia
generalizada ha dejado en los últimos cinco años “más de 50 mil muertes, 230
mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados”
aseguró entonces Sandoval. Ante la denuncia, el consejero jurídico de la
Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles Landa, aseguró que era
improcedente. Meses más tarde, en julio de este año, Calderón dijo en una
entrevista publicada por El País que no teme ser llevado a la Corte Penal
Internacional de La Haya. “No, porque hemos actuado en todo momento con
escrupuloso respeto a la ley. Ha habido una gran cantidad de homicidios en
México, que por supuesto lamentamos, pero los que cometen esos homicidios son
los criminales. Creo que la irresponsabilidad de un gobernante hubiera sido no
haber actuado. Por otra parte, seguramente debe haber habido violaciones de los
derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero estas
han sido, excepcionales, no sistemáticas. De los miles y miles de operaciones
que realizan las Fuerzas Armadas (patrullas, detenciones in fraganti, decomisos
de droga…) los casos que se han llegado a denunciar son significativamente
excepcionales. Y de los denunciados, según datos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, probablemente solo el 1.5% o 2% de las quejas han derivado en
recomendaciones con fundamento”, afirmó.
HRW DENUNCIA ABUSOS MILITARES A
principios de 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las
fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y
que los militares gozan de impunidad en esos casos, durante la presentación
mundial de su informe en El Cairo. La directora de comunicación de HRW, Emma
Daly, explicó a Efe que el presidente mexicano, Felipe Calderón, está empleando
a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia
organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar
acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos. “Tenemos datos
que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los
últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que
haya justicia”, subrayó Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la
capital egipcia. En su opinión, “existe una impunidad absoluta en México para
los militares”, quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son
juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de
pararlos”. Ante la acusación, el gobierno federal rechazó los señalamientos de
HRW sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los
cuerpos de seguridad en el país. Días después, José Miguel Vivanco, director
para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo al presentar
el informe anual de la organización en Washington., que el próximo Gobierno de
México debe revisar la estrategia contra el crimen organizado “pues me parece
que no está funcionando”. “Y que revise los instrumentos con los que cuenta”,
dijo Vivanco. ”Si es preciso seguir trabajando con el Ejército en esta materia.
¿Está el Ejército de México en condiciones, preparado, para seguir esta lucha?
¿O es una entidad que no se subordina a la autoridad civil?”. “Si ellos
sostienen que el 90 o 95% de las víctimas son narcotraficantes, sería bueno que
expliquen, especialmente a los mexicanos, como han llegado a esa conclusión.
Que fundamenten este slogan oficial”, agregó Vivanco. “A nosotros nos parece
que esto se ha conducido con un enorme grado de responsabilidad y una falta de
preocupación por las consecuencias en el terreno de los derechos humanos”,
aseveró. ”De los más de 45 mil muertos en el marco de la lucha contra el
narcotráfico, la PGR sólo ha reclamado jurisdicción en 997 casos, y sólo se han
producido 22 condenas. No entendemos como el gobierno federal sigue sosteniendo
públicamente que el 90 o el 95 por ciento de los que mueren en México son
narcotraficantes que se están matando entre sí. No sabemos como pueden
sustentar una apreciación de ésta naturaleza”.
ASESINATOS IMPUNES La gran mayoría de los 12 mil homicidios
cometidos en México en 2011 por la violencia generada por el narcotráfico nunca
se han investigado, y también siguen impunes cientos de crímenes de mujeres y
ataques a periodistas y activistas, denunció el informe de Amnistía
Internacional divulgado el pasado 24 de mayo. Esa organización acusó a los
cárteles de las drogas y otras bandas de matar y secuestrar a miles de personas
el pasado año, aunque advirtió de que en ocasiones han actuado “en colusión”
con policías y funcionarios públicos. En su Informe anual 2012, presentado en
Londres, AI reseñó que más de 12 mil personas murieron en la violencia
resultante de la lucha entre grupos de narcotraficantes contra las fuerzas de
seguridad por el control de territorios, aunque destaca que “la gran mayoría de
estos homicidios nunca se investigaron”. Además, Amnistía Internacional
consideró entonces “generalizada” la violencia contra las mujeres en México,
donde se denunciaron “un gran número” de homicidios y los responsables siguen
eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos. Por otra parte, AI
criticó que el Gobierno no adoptara medidas efectivas para prevenir o
investigar las “violaciones graves y generalizadas” de derechos humanos
cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y la policía, entre las que
cita desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y
detenciones arbitrarias.
MILLONES DE POBRES EN EL OLVIDO Amnistía Internacional
denunció el 29 de agosto el olvido en el que viven 52 millones de personas
pobres en México y pidió la ratificación inmediata de un tratado internacional
de derechos económicos, sociales y culturales. La organización denunció que el
Gobierno “responde a los intereses de empresarios mientras ignora a los
ciudadanos en situación de pobreza”. “Es la mayor crisis de derechos humanos en
México”, dijo a los medios el coordinador de movilización e impacto de AI,
Daniel Zapico, quien recordó que de los 112 millones de mexicanos, 52 millones
viven en situación de pobreza, según cifras oficiales dadas a conocer en julio
de 2011. Por ello, exigió a las autoridades que muestren su compromiso con los
derechos humanos y ratifiquen el llamado Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El acuerdo
establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus
derechos económicos, sociales o culturales, como el derecho al agua, la
educación o la vivienda, puedan reclamar a la justicia internacional, recordó
Zapico. “Cuál es la prioridad realmente de las autoridad mexicanas cuando un
acuerdo de lucha contra la pobreza y reconocimiento de derechos lleva 36 meses
esperando y un acuerdo como el ACTA, que incluso puede tener efectos negativos
en materia de derechos humanos, se firma en nueve meses”, dijo.
ESTRATEGIA DE FCH NO HA FUNCIONADO: KOFI ANNAN El ex
secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió el 18 de octubre pasado un
cambio de estrategia en la guerra contra las drogas centrado en la
despenalización y opinó que la táctica del presidente mexicano “no ha
funcionado”. “Cuando uno mira a los resultados de la estrategia de Calderón, la
mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente”, dijo
Annan en una conferencia en el centro de estudios Brookings de Washington. El
diplomático ghanés recordó que, el año pasado, formó parte de la elaboración de
un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas dirigida por el ex
presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, que recomendó regular el
consumo de marihuana y despenalizar el uso de otras sustancias. El ex
secretario general de la ONU recordó que los Gobiernos “se enfocan demasiado a
menudo en el lado del suministro y olvidan el de la demanda, y esos dos
aspectos tienen que trabajar juntos”. “Hay que enfrentar esto a través de la
educación y la salud, en lugar de con acciones brutales”, consideró Annan,
quien también se mostró preocupado por “las tiendas de armas en la frontera
(entre EU y México), que están llenando de armas el norte (de México)”.
LLAMADO DE LA UE La Unión Europea (UE) confió el 19 de
octubre en que la seguridad en México sea manejada de un modo “más tradicional”,
no con militares en las calles como ha ocurrido durante el Gobierno de Felipe
Calderón. “Esperamos, en la medida en que haya capacitación (de las fuerzas de
seguridad: policías) en México también, que la (…) seguridad pueda ser manejada
en una manera más tradicional”, dijo en rueda de prensa el representante
especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, el griego Stavros
Lambrinidis. Al inicio de su mandato hace casi seis años, Calderón desplegó al
Ejército y la Marina en las zonas más problemáticas del país para enfrentar a
los cárteles y demás grupos del crimen organizado. Dicha estrategia permitió
capturar importantes líderes criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la
violencia en el país, donde más de 70 mil personas murieron en enfrentamientos
entre narcotraficantes y de estos con las fuerzas de seguridad. Por su parte,
el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel
Gómez Robledo, defendió la gestión de Calderón. Dijo que el mandatario había
hecho “de los derechos humanos, de su promoción internacionalmente e
internamente, una de las grandes prioridades” de su administración.
Este contenido ha sido publicado originalmente por
SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección:
http://www.sinembargo.mx/31-10-2012/414825.
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