Por: Sanjuana Martínez
para Sin embargo.
El despliegue
mediático por la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera es digno de
antología.
Las horas que la televisión mexicana le ha dedicado al asunto son un
auténtico exceso. Decenas de enlaces en directo, programas especiales, recuento
detallado de su polémica y agitada vida personal y profesional, y miles de
noticias diarias han llenado los periódicos, las revistas, la radio y la televisión.
Supongo que para sus fans esos excesos en la prensa están totalmente
justificados. Incluso hay quien considere que la cobertura informativa fue
conforme a la trascendencia y el arraigo popular del personaje; una cantante
que en lo personal admiro más como mujer por su lucha guerrera para sacar
adelante a sus hijos y enfrentar la adversidad amorosa de pareja, que por su
talento musical.
Concretamente me refiero al rápido y efectivo
trabajo de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y su departamento de
medicina forense. Por lo general, las pruebas de ADN para la identificación de
restos y el correspondiente cruce de datos genéticos con sus familiares, tarda
alrededor de un año, al menos eso es lo que han esperado familias que buscan
desesperadamente a sus seres queridos. En cambio, en el caso de Jenni Rivera
las pruebas de ADN fueron entregadas en el tiempo récord de dos días.
El
servicio médico forense del Hospital Universitario de Monterrey analizó
rápidamente nada menos que 762 restos para determinar la identidad de las siete
personas que murieron en el avionazo de Iturbide, Nuevo León.
Comprendo que en
nuestro México clasista hay mexicanos de primera y de segunda clase, pero
aprovecho la oportunidad ilustrativa de la capacidad de trabajo de esta
dependencia para abordar un tema de suma importancia: la urgencia de acelerar
los trámites periciales de identificación de cadáveres y restos.
El gran reto
del gobierno de Enrique Peña Nieto será abordar el tema de los desaparecidos.
Su gobierno es el responsable de asumir, la herencia maldita de la
administración de Felipe Calderón: 300 mil desaparecidos, según los últimos
datos del censo del INEGI y de acuerdo a la investigación de dos académicas que
se tomaron el trabajo minucioso de analizar el fenómeno más lacerante de
nuestra historia reciente.
Pues bien, Peña Nieto tiene la obligación de
decirnos dónde están esos 300 mil desaparecidos y los 120 mil migrantes
centroamericanos desaparecidos durante su paso por México para alcanzar el
sueño americano. México es un territorio lleno de fosas comunes. Las oficiales
que los distintos gobiernos estatales van abriendo para enterrar miles de
muertos sin identificar y las clandestinas cavadas por el crimen organizado
para enterrar un pasado ominoso que tardaremos décadas en desenterrar.
El nuevo
inquilino de Los Pinos tiene además la responsabilidad de decirnos la identidad
de los 20 mil cadáveres que guardan los departamentos forenses. Personas que
siguen esperando en una fosa común o en un cuarto frío de cualquier anfiteatro,
que alguien analice su ADN y lo cruce con las miles de pruebas de ciudadanos
que andan buscando a sus familiares desde hace años. Peña Nieto tendrá además
que acelerar el funcionamiento de un banco nacional de ADN para atender la gran
demanda de los familiares de los 300 mil desaparecidos.
Un banco con personal
debidamente capacitado para realizar y analizar las pruebas de ADN en un tiempo
razonable. Y los más importante, el señor que ocupa la Silla del Águila deberá
crear una Comisión de la Verdad para determinar el paradero de esos 300 mil
ciudadanos. Una comisión que analice el período ignominioso calderonista que
dejó una estela de dolor con miles de crímenes de Estado. Una comisión que
logre el procesamiento de criminales de guerra en el Ejército, la Marina y las
distintas policías, quienes cometieron delitos como la tortura, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas.
México no puede cerrar los ojos ante
la urgente necesidad de reconstruir el tejido social. Para cerrar las heridas
de la guerra se requiere la revisión del pasado reciente, el acceso a la
justicia y la reparación del daño. Cada mexicano dañado, lastimado y afectado
por la guerra es una afrenta para todos los mexicanos, para el país en general.
Por eso resulta ofensivo ver que para algunos, el sistema funciona de manera
expedita y eficiente, mientras otros tienen que sentarse en la larga fila de la
indolencia gubernamental. Cada familiar de un desaparecido se parece a los
padres y hermanos de la cantante Jenni Rivera. Todos, han vivido el dolor de
hacerse las pruebas de ADN, la angustia de no saber si esos restos encontrados
pertenecen al ser amado. Todos, han padecido la desesperación por determinar si
hay que cavar una tumba o seguir buscando. Todos, han deseado acelerar los
trámites para dejar de sufrir la incógnita, el limbo permanente de la
incertidumbre. No se vale, sostener la mentira de que ante la ley todos somos
iguales. El fatídico accidente aéreo de la cantante lamentablemente demuestra
lo contrario. Jenni Rivera se merecía que en dos días analizarán su ADN, pero
también los miles de desaparecidos y sus familiares merecen la celeridad
ansiada para cerrar su ciclo vital. Las diferencias de trato son una afrenta
para todos. Es hora de sentirnos ofendidos ante el dolor de los demás. – 17 de
diciembre de 2012
Este contenido ha sido publicado originalmente por
SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/17-12-2012/11403.
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