Antes de escuchar las sugerencias, la misión guatemalteca presentó
ayer su informe sobre avances en derechos humanos, en Ginebra, Suiza.
Ese ejercicio, denominado Evaluación Periódica Universal (EPU), es el segundo al que se somete Guatemala.
Entre las recomendaciones que recibió Guatemala resaltan el
combate de la violencia contra la mujer, registro y violaciones
contra la niñez, erradicación de la discriminación, consultas a los
pueblos indígenas, abolición de la pena de muerte, seguridad de los
defensores de derechos humanos y periodistas.
De las 58 delegaciones que intervinieron, la mayoría hizo un
promedio de dos recomendaciones, aunque algunas se repiten. También
comentaron las acciones positivas, que en su mayoría coinciden con los
puntos que el país resaltó en su informe.
Antes de escuchar las recomendaciones, Guatemala hizo su
presentación, en la que enfatizó como logros la aprobación del Estatuto
de Roma, que establece la competencia de la Corte Penal Internacional,
vinculada a la ONU, para juzgar “crímenes graves de trascendencia para
la comunidad internacional”.
También resaltó la aprobación de la norma y juzgados
especializados contra el femicidio, la ley y secretaría contra la trata
y la alerta Alba-Keneth. Además, el establecimiento del Ministerio de
Desarrollo Social y sus programas.
Sin embargo, eso no fue suficiente para 58 países, entre los
que se cuentan los de Centroamérica, con excepción de El Salvador, y
varios de Europa —como Alemania, Moldovia y Liechtenstein— y de Asia
—como Corea, Tailandia y Qatar—, entre otros.
Presentación atípica
Según personeros de la Oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), fue atípico que la
delegación utilizara unos 50 minutos en la presentación.
Después, cada país que había solicitado el uso de la palabra
tenía derecho a dos minutos para preguntar, comentar y hacer
recomendaciones a Guatemala.
Otro aspecto poco común fue que Antonio Arenales Forno, jefe de
la delegación guatemalteca y de la Comisión Presidencial Coordinadora
de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos (Copredeh), utilizó los
últimos cinco minutos para responder de manera general a las preguntas y
aceptar “la mayoría de las recomendaciones”.
Según personeros de la Oacnudh, si Guatemala acudió con
delegados de varias instituciones, cada uno pudo haber resuelto las
preguntas de su competencia, que era lo recomendable, comentaron.
Arenales Forno iba acompañado de Luz Lainfiesta, ministra de
Desarrollo Social; Elizabeth Quiroa, de la Secretaría Presidencial de la
Mujer; Arkel Benítez, viceministro de Gobernación, y Aura Mansilla,
fiscal de Derechos de Humanos.
También estuvieron en Ginebra Francisco Cali y Helena Dávila,
de la Cancillería; Gabriela Contreras, de la Secretaría de Asuntos
Internacionales y Cooperación de la Fiscalía, y Claudia Singüenza,
asesora de Copredeh.
La EPU se efectúa cada cuatro años y medio. Se espera que el
próximo lunes se conozca el resumen del informe final de ese examen en
derechos humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario