martes, 5 de marzo de 2013

Desarrollo y corrupción

Alquimia 
Hugo Macias Gutiérrez, Red Generación
5 de marzo de 2013

Hablar de corrupción política implica hacer referencia a las prácticas y hábitos que percibe la sociedad civil entre los responsables de la toma de decisiones, presidentes, gobernadores directores de instituciones autónomas, diputados, alcaldes, jueces, secretarios, magistrados, etc, que utilizan el ejercicio del poder en beneficio personal o particular.

La corrupción, genéricamente considerada consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, que beneficia a ambos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político, la corrupción consiste en el uso y abuso del poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común.

Es por consecuencia lógica la clase política y los funcionarios públicos que más sufren las consecuencias de las prácticas de la corrupción, sobre todo a partir de la falta de confianza de la gente hacia los partidos y hacia los representantes en el poder, a cuya base se encuentra presente el certero juicio de que los políticos han usufructuado el poder, han beneficiado indebidamente a sus allegados y a sus familias.

En esta sociedad de la desigualdad creciente la corrupción es a la vez un síntoma y una estrategia, dicen algunos teóricos que hay que incorporar el factor corrupción al estudio de la democracia. 

La mayoría de los mexicanos está convencido de que México es un país que no ofrece oportunidades básicas para que sus habitantes superen las condiciones lacerantes de pobreza y desigualdad económica. Estas oportunidades se refieren, principalmente, al acceso a bienes y servicios públicos de calidad tales como educación, salud, seguridad social, vivienda digna, y se relacionan íntimamente con la percepción de desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, los ciudadanos sumidos en la pobreza sufren la doble condición de percibir ingresos insuficientes para superar esta condición y se ven expuestos, al mismo tiempo, a deficiencias en el acceso a bienes y servicios públicos de calidad. Este mecanismo que juega en dos direcciones es doblemente limitante para muchos mexicanos con aspiraciones legítimas a un mayor bienestar económico y social.

En un régimen democrático como el de México, ignorar la opinión ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, usarlos discrecionalmente y no rendir cuentas sobre ellos es una forma clara de sometimiento de agentes capaces de reflexionar con autonomía sobre el curso que debe tomar la sociedad de la que forman parte. Es decir, la participación ciudadana o social es el elemento ausente en la definición y evaluación de las políticas públicas, lo que permite que éstas caigan en manos de unos cuantos grupos de interés y por ende propiciando falta de transparencia, desvío de recursos y corrupción.

En Tabasco sabemos mucho y de sobra de éstas acciones por parte de los servidores públicos, en los últimos días el gobierno del Licenciado Arturo Núñez Jiménez ha dado cuenta de la administración de su antecesor, plagada de una serie de desfalcos al erario público y desvío de recursos sin precedentes que desde luego repercutirán en el desarrollo y crecimiento económico de nuestro Estado.

Según un informe reciente de la ONU dice que 180 millones de habitantes (más de un tercio de la población total latinoamericana) vive en la pobreza extrema y dicho informe advierte a los gobiernos que se deben tomar medidas serias para acortar la brechas de desigualdad social y económica entre las naciones y al interior de las mismas generada en la mayoría de los casos por el manejo de políticas inapropiadas y prácticas de corrupción, algo característico de los pueblos latinos.

En el ranking de países con mayor cantidad de población en las ciudades, los cuatro primeros son sudamericanos. El primero, es Paraguay con 93,2% de su gente en las urbes. Le sigue Argentina (92,39%), Chile (89%) y Brasil (86,53%). Pero en materia de pobreza urbana, la escala es bien diferente: el "liderazgo" de naciones con más pobres en sus ciudades lo tiene Paraguay (48%). México sobresale con 29,2% de sus ciudadanos en situaciones de exclusión y continúa Brasil con 22,1%. Entre los mejor ubicados se cuentan Uruguay (10,7%), Argentina (11,3%) y Chile (11,7%).

Asimismo según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México se encuentra en el lugar número 8 con 36.3 % entre los países con más pobreza en Latinoamérica, de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina. Uruguay y Chile son los países con los menores niveles de pobreza en la región, estando incluso a la par de los países desarrollados.

El gran problema que históricamente a afectado a México y a Tabasco ha sido en gran medida el fenómeno de la corrupción, pues a pesar de las promesas que trajo consigo la transición política del 2000; después de creer que la corrupción llegaría a su fin con la salida del PRI del gobierno, después de 71 años en el poder, nos hemos dado cuenta que ésta es un problema generalizado que trasciende los colores e identidades partidistas.

Según datos del Índice de Percepción de la Corrupción de ?Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 100 de un total de 182 países evaluados. Su calificación de 3.0 -en una escala que va de 0 a 10, donde a menor valor mayor la percepción de la ?corrupción- es igual a la países con menos riqueza y desarrollo económico como Indonesia, Surinam o Benin.

De acuerdo a los datos de Transparencia Mexicana y su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, durante el 2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción en México, los cuales representaron un gasto de más 32 mil millones de pesos. Esto quiere decir que en promedio los mexicanos destinaron el 14% de su ingreso a la corrupción. Para los hogares más pobres, el gasto en corrupción representó el 33% de sus ingresos.

Es importante educarnos socialmente en un combate anti-corrupción con esfuerzos a largo plazo, el gobierno deberá seguir preocupado por generar los mejores esquemas institucionales que permitan combatir la corrupción en todos sus niveles.

En otro orden de ideas y para destacar la Primera Sesión Ordinaria del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de México (CiiMar-GoM) que presidió el pasado 27 de febrero en Boca del Rio Veracruz el Rector de la UJAT, Doctor José Manuel Piña Gutiérrez, acompañado por el rector de la UV, Raúl Arias Lovillo y del secretario de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, quien asistió en representación del Gobernador Javier Duarte Ochoa, Piña Gutiérrez hizo énfasis en la necesidad de desarrollar y promover estrategias regionales basadas en la ciencia y el enfoque ecosistémico, mediante una cooperación multidisciplinaria que permita abordar los problemas del Golfo de México y determinar políticas públicas de alcance local, nacional e internacional.

hugo.macias@hotmail.com 

twitter:@hugomac

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