LUCIANO CAMPOS GARZA, PROCESO
25 DE FEBRERO DE 2013
MONTERREY, N.L. (apro).- La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) reveló que en este trienio los diputados locales se embolsarán 53 millones de pesos por concepto del bono de gestoría que aprobaron “ilegalmente” en el Congreso local.
En conferencia de prensa, donde anunció que apelará el amparo rechazado por un tribunal colegiado en torno de ese asunto, el director general del organismo, Roberto Gallardo Galindo, detalló que con el recurso de gestoría los legisladores obtendrán 17 millones 640 mil pesos al año, supuestamente para trabajo social, pero ese dinero, agregó, terminará en los bolsillos de los 42 diputados de la entidad.
“Es sólo un aumento salarial disfrazado de bono”, afirmó el directivo, y refirió que a los 35 mil pesos mensuales a los que tendrán derecho de manera individual los integrantes de esta legislatura, se sumarán los 79 mil pesos que actualmente perciben al mes.
Este es el primer amparo en su tipo que se presenta en la República Mexicana para evitar que los diputados de cualquier estado se asignen recursos por voluntad propia.
El director de la ANEI, quien estuvo acompañado de los abogados Jorge Reza y Nicole Saviñón, informó que el juez primero de distrito en materia administrativa, José Ángel Castro López, decidió desechar el amparo que promovió el pasado lunes 18 para impedir que los integrantes del Congreso nuevoleonés accedan al recurso “que graciosamente” se asignaron.
Al desechar el recurso, un día después de que fue presentado, el juzgador estimó que Gallardo carecía de legítimo interés jurídico por no ser afectado directo en la medida.
No obstante, el directivo anunció que en los próximos días presentará el recurso de revisión al Tribunal Colegiado, que espera regrese el expediente al juzgador para que proceda el amparo promovido por los empresarios independientes.
De acuerdo con Gallardo, en la sentencia para rechazar el amparo, el juez no tomó en cuenta que los diputados se aprobaron, sin el consentimiento de nadie, un bono que directamente les beneficiará. El juez, subrayó, no actuó por temor y obró en contubernio con los legisladores locales.
“El juez tiene miedo de entrar y poner un antecedente que empodere al ciudadano. No hay jurisprudencia que diga qué es interés legítimo. La definición depende de nuestro caso y otros que se pueden dar a nivel nacional. Por eso estamos recurriendo al Tribunal Colegiado, que obligará, en caso de aceptarlo, a que retome el estudio del caso y subsane los errores que cometió en su sentencia original”, explicó.
En enero pasado, los diputados adicionaron al Artículo 18 de la Ley del Reglamento del Congreso local un párrafo en la que se señala que están obligados a hacer trabajo de gestoría, lo que permitió que se autorizaran el bono.
Según Gallardo, el artículo ampliado no establece que los diputados están obligados a presentar facturas, por lo que prácticamente lo que hacen es decretarse un aumento disfrazado.
No creo, dijo, que vayan a emplear el recurso para los fines anunciados, y recordó que el Artículo 23 de la Ley de Egresos para el estado de Nuevo León considera que es remuneración todo aquello que no está sujeto a comprobación, como ocurre con este bono, llamado “recurso para gestión legislativa”.
Por separado, el diputado local panista Luis David Ortiz adelantó que no dispondrá del bono hasta que no sea aprobado por el Consejo Ciudadano de Remuneraciones, que revisa los salarios de los servidores públicos en la entidad.
Él y su sobrino, también diputado del PAN, Fernando Elizondo Ortiz, fueron los únicos que rechazaron firmar la iniciativa para agenciarse el recurso.
“No he solicitado el recurso hasta este momento porque estoy analizando el reglamento que regula su manejo. Al ser este un recurso que algunos pueden interpretar como un ingreso, debe consultarse con el Consejo Ciudadano de Remuneraciones para que nos diga cómo manejar el tema”, explicó Ortiz.
http://www.proceso.com.mx/?p=334639
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