Ningún cambio en combate a narcos y las contradicciones del nuevo gobierno

Ya quedó más que demostrado el fracaso de las tácticas aplicadas durante seis años contra los capos de los principales cárteles, toda vez que subsisten sus mandos

EMET - Miércoles, 05 de diciembre de 2012

Craso error es pensar que solamente con el cambio del titular del Ejecutivo Federal la ola de violencia generada por la “guerra” contra los cárteles del narcotráfico bajaría de intensidad o que desaparecería. Las ejecuciones y homicidios dolosos del fin de semana pasado y el inicio de la presente, sobre todo en el norte de la República, desmienten categóricamente esta apreciación. La euforia y la esperanza provocadas por el fin de la pesadilla que representó para el país el régimen calderonista no hizo sino ocultar momentáneamente la continuación de la serie de asesinatos y desapariciones que se perpetran un día sí y otro también en diversas regiones del territorio nacional, sin que hasta este momento se haya anunciado el tan prometido cambio de estrategia en el combate a las organizaciones criminales.

Ya quedó más que demostrado el fracaso de las tácticas aplicadas durante seis años contra los capos de los principales cárteles, toda vez que subsisten sus mandos, se han hecho más poderosos; la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes en el país se ha elevado, así como las ganancias de los narcotraficantes, sin que se haya hecho ninguna acción contundente contra el lavado de dinero y la corrupción en las filas de las organizaciones policíacas y de gobierno que han sido penetradas hasta la médula. Incluso, el ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna fue cobijado por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara alta, al grado que el senador priísta Omar Fayad, cercano al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvo que ni el Senado de la República ni la dirigencia nacional de su partido han pedido investigar a ese funcionario calderonista por los señalamientos del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, lo que indica que los acuerdos entre priístas y panistas llegan hasta la complicidad. 

Aún se desconoce hasta cuando los ciudadanos mexicanos seguiremos esperando para cambiar las estrategias en el combate al crimen organizado, pero mientras tanto seguimos padeciendo los estragos de su actividad en nuestro patrimonio y en nuestra propia seguridad. Tan sólo al arrancar este sexenio, el mismo sábado 1 de diciembre, autoridades de diversas entidades, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Nuevo León y Distrito Federal, reportaron al menos 20 ejecuciones, entre ellas las de cuatro policías en Torreón, y uno más en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.

Mientras se vivía la euforia del cambio en la capital de la República, el domingo siguiente fueron localizados siete cadáveres desmembrados dentro de bolsas negras abandonadas en la colonia Obispado de Torreón; ese mismo día un comando armado atacó las instalaciones de Seguridad Pública del Municipio de Asientos, en Aguascalientes, y logró asesinar al jefe de la corporación, Alberto Silva, además de que se llevaron las armas de cargo y un vehículo; en Chihuahua, un grupo de hombres armados acribilló a un policía federal y a dos mujeres en las calles de la ciudad de Parral; en Jalisco, tres personas fueron ejecutadas en la zona metropolitana de Guadalajara; y en Sinaloa, un hombre de 50 años fue ejecutado sobre la carretera Navolato-La Pipima, al norte de Culiacán; en Durango, un elemento de la policía federal fue ejecutado por hombres armados en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacios.

El lunes 3 de diciembre, fueron localizados los cadáveres de cuatro mujeres, de entre 16 y 18 años, atadas de pies y manos, con signos de tortura y ultimadas con armas de fuego, en la carretera Jerez-Fresnillo, a la altura de la comunidad zacatecana de El Durazno. Sobre los cuerpos había un mensaje advertía: “esto les va a pasar a todos los que colaboren con los Cárteles Unidos y el CDG”; en esa misma entidad, cuatro personas más fueron asesinadas en distintos municipios. Y este martes, al cierre de estas líneas, ya se tenía el reporte de siete ejecuciones en diversos municipios de Coahuila y el Estado de México, entre ellos una persona calcinada cuyos restos fueron localizados en la colonia San Rafael, del municipio de Tlalnepantla.

A pesar de que la ola de violencia sigue creciendo en el país, lo peor es que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse en actividades de seguridad pública, aunque eso sea ilegal y todavía anticonstitucional, en tanto se define, determina y aplica la nueva estrategia contra la inseguridad. Los mandos superiores del Ejército, de la Marina-Armada de México y de la Fuerza Aérea del país fueron instruidas por su nuevo comandante a conducirse con lealtad y cumplir su misión que es lograr un México en paz siendo respetuosos de los derechos humanos. Durante un desayuno que los militares ofrecieron en su honor, también se preocupó por señar su confianza en que éstos mantendrá una “lealtad absoluta” al gobierno legalmente constituido.

Durante el acto en el que estuvo acompañado por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina-Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Peña Nieto ordenó al conjunto de las fuerzas armadas del país apoyar a las dependencias del gobierno federal para cumplir con los cinco grandes ejes de su gobierno con el propósito de lograr una mejor calidad de vida de los mexicanos, pero no hizo ninguna referencia a la nueva estrategia que habrá de aplicarse para tener resultados positivos en la inútil y estúpida guerra contra el narcotráfico que declaró y decretó hace seis años Felipe Calderón con el único propósito no de acabar con las organizaciones criminales sino lograr un poco de legitimidad que no le fue otorgada en las urnas y que a pesar de todo, hasta el final de su mandato, no logró.

A lo más que llegó Peña Nieto en esta ocasión fue a exhortar a los integrantes de las fuerzas armadas a conducirse en esta guerra ilegal e irregular con apego a los derechos humanos. El titular del Ejecutivo si dejo claro que bajo su mando, las Fuerzas Armadas seguirán siendo “factor de estabilidad y confianza social”, y les ofreció mayores recursos para su equipamiento e ingresos económicos, así como reconocimiento y estímulos. 

CONTRADICCIONES

La posición expresada este martes en el desayuno con los integrantes y mandos de las fuerzas armadas del país contrastó con su decisión de levantar el veto de Felipe Calderón a la Ley General de Víctimas, la cual fue muy recibida en todo el territorio nacional. Para muchos defensores de los derechos humanos su decisión de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles peleando la guerra calderonista contra las drogas en tanto se termina de diseñar una estrategia de seguridad pública, es una abierta contradicción y podría sentar las bases para que la ola de violencia en el país continúe sin cambios. Para Consuelo Morales, coordinadora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, es un grave error mantener a los militares en las calles “porque nos ha puesto en una vorágine de violencia cada vez más grave”. Por lo que es muy preocupante que el nuevo Presidente de la República “siga con la misma idea cuando la Organización de las Naciones Unidas ya le ha pedido al gobierno mexicano que le ponga un limite de tiempo”.

La activista subrayó que “los marinos y los militares están entrenados para matar, y si Peña sigue pensando en dejarlos la violencia va a seguir creciendo. Pide que el Ejército respete los derechos humanos, pero sigue habiendo contradicciones entre sus dichos y sus hechos, y los ciudadanos necesitamos claridad de que se va a dar l lucha contra la impunidad y la corrupción”. Si no, estamos perdidos”. Morales considera positivo que Peña Nieto haya levantado el veto a la Ley General de Víctimas pero es una acción que, dijo, no será suficiente si no va acompañado de otras medidas de protección integral a las víctimas y reparación del daño, tal y como lo establecen diversos tratados internacionales. 

“FIRMEZA IMPLACABLE”

Quien si anunció cambios en la procuración de justicia del país fue el nuevo titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam. Al tomar protesta, anunció que por convicción no utilizará a la PGR como un instrumento de carácter político como fue la constante durante la administración de Felipe Calderón. Se comprometió a reestablecer el Estado de Derecho en el país, permanentemente infringido durante el sexenio que concluyó. También adelantó que se revisarán la aplicación de las medidas cautelares, como el arraigo y el cateo -una demanda permanente a lo largo de la pasada gestión por parte de los defensores de derechos humanos y especialistas en derecho de diversas instituciones de educación superior- que deben ser aplicadas, dijo, de manera excepcional y extraordinaria en el combate al crimen organizada.

El político hidalguense explicó que en el caso del arraigo éste deberá aplicarse “lo menos posible”, en tanto que en los cateos se deberán garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer la figura de los jueces de control que participan en estos proceso. Durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde fue ratificado como nuevo titular de la PG, con 114 votos a favor y una abstención, consideró que “el arraigo es una muestra clara de las insuficiencias que hoy tiene nuestra procuración de justicia… es una medida que deberá de aplicarse lo menos posible, y deberíamos tender a erradicarla”.

El abogado de la Nación se comprometió a que habrá una “firmeza absoluta e implacable para poder constituir las averiguaciones a quienes sean culpables”. También externó su compromiso para esclarecer y “llegar hasta donde sea posible” en el conocimiento de la cifra o número exacto de víctimas, desplazados y desaparecidos como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. Murillo Karam destacó que su trabajo inicial será cabildear cómo se va a precisar el sistema acusatorio para provocar la confianza de la sociedad de México, y destacó que en el Senado de la República está pendiente la creación del Código Federal de Procedimientos Penales, que garantice los juicios orales.

También subrayó que su política será de respeto y acatamiento profundo de la ley; defensa de los derechos humanos; firmeza para constituir las averiguaciones de los que sean culpables y evitar a toda costa que haya inocentes en las cárceles.

Lilia Arellano - Opinión EMET

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