miércoles, 7 de noviembre de 2012

Rechaza Calderón que su plan antinarco haya causado la muerte de inocentes


Resumen de La Jornada.
A punto de concluir el sexenio, el presidente Felipe Calderón rechazó que su estrategia contra la delincuencia organizada haya provocado la muerte de miles de mexicanos inocentes, que no tienen relación con las bandas criminales. En los casos excepcionales en que lamentablemente han fallecido personas ajenas a los hechos, o en circunstancias donde han participado las fuerzas armadas, se han fincado responsabilidades, recalcó en el documento que da respuesta a las 27 preguntas parlamentarias que le remitió el Senado con el propósito de que abundara en temas referidos al sexto Informe de gobierno.

Calderón responsabilizó a gobernadores y otras autoridades locales del avance del narcotráfico y la violencia, y salió en defensa de la Policía Federal (PF). Destacó que es la única corporación que ha sometido a exámenes de control de confianza a todos sus elementos, mientras en 16 entidades, entre ellas el estado de México, el avance en la depuración de los cuerpos policiacos es nulo.
 
La complicidad y corrupción en algunas regiones del país provocaron que la expansión de los grupos criminales se acelerara y que éstos se apoderaran del control de pueblos y ciudades sin resistencia, resaltó. Insistió en que, neutralizada la acción de la autoridad local, los criminales comenzaron a actuar con impunidad cínica contra los ciduadanos.


Destacó que la violencia que afecta a los mexicanos no es provocada por las acciones del gobierno federal y las fuerzas armadas, las cuales están destinadas a contener y debilitar a las organizaciones criminales, y sostuvo que, por el contrario, la presencia del Ejército y la Marina en algunas regiones del país se debe a que ahí hay violencia que las autoridades locales no pudieron controlar.

Calderón aprovechó para solicitar que se aprueben dos iniciativas en materia de seguridad pública que quedaron pendientes: la de mando único policiaco y la de cadenas delictivas, rechazadas en la pasada legislatura por considerar que son violatorias de los derechos humanos.


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