Nota de Sin embargo.
Entendido. Miguel Ángel Mancera Espinosa hereda de Marcelo
Ebrard Casaubón el conflicto del 1 de diciembre. También está entendido que
tratará de mantener una misma línea porque es hijo de una misma casa política.
Pero lo que parece sonar con lógica está a punto de convertirse en una terrible
injusticia que perseguirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal durante todo
su sexenio. Es posible que esté rodeado por los duros. Se entiende.
Que los empresarios afectados, la prensa que defendió a
Felipe Calderón Hinojosa y su guerra, así como los simpatizantes de Gustavo
Díaz Ordaz –que ignoran que la historia no olvida– estén calentándole la
cabeza: todo el peso de la ley. Pero si una buena parte de la sociedad civil,
si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), si la lógica
le está advirtiendo que la policía no hizo su trabajo y que muchos de los que
están a punto de condenar son inocentes, Mancera Espinosa debería atender su
buen juicio. Porque lo tiene. Su carácter ciudadano y su transparencia le
dieron los votos de la gran mayoría de los habitantes de la capital del país no
por poca cosa.
Pero Miguel Mancera no debería comprarse un pleito como este
con la sociedad civil. Es de ese tipo de guerras que incluso ganadas, se
pierden. No manche su nombre, doctor Mancera. Ni caso tiene. El mensaje es: que
los muchachos no protesten. Que nadie ejerza su derecho a la réplica o le va a
ir de la chingada. Ese es el mensaje. Si no, que escuchen las declaraciones de
todos los padres frente al Ministerio Público al hablar sobre sus propios
hijos. Están obligándolos a decir que ellos no estaban en esa protesta. Pues
sí, muchos salieron a protestar. Y qué. Hasta donde sabemos en este país ese
derecho no se ha suprimido. Lo que no todos hicieron fue convertirse en bestias
y destruir lo que nos cuesta a todos, nuestra propia herencia: el Centro
Histórico. De acuerdo con la evidencia recabada tanto por testigos como por
defensores de los derechos humanos, en las últimas horas de los disturbios del
1 de diciembre hubo arrestos en bandada. Como si hubieran recibido la orden de
hacer pagar a quien fuera por los desmanes.
Hay un momento en el que se realizan detenciones masivas y
arbitrarias sobre la calle de Madero, y son posteriores o al mismo tiempo en el
que se están dando los peores eventos en la Avenida Juárez. Con la orden de
tener culpables, los policías emprendieron una serie de redadas que incluyeron
turistas, paseantes, hijos de vecino. Sin importar que los verdaderos culpables
estaban dándose a la fuga. Varios testimonios coinciden en que los que
provocaron los mayores daños al inmobiliario público y a los negocios no se
dieron a la fuga. Los arrestos estaban en otra parte. Simplemente empezaron a
caminar y se perdieron en las calles del Centro Histórico. Todo esto sin
considerar que además hubo excesos de todo tipo por parte de la policía, no
sólo arrestos injustificados.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene
documentados casos de secuestro, tortura, vejaciones y todo tipo de excesos
cometidos por policías que, claro, no están detenidos.
Si en este país reina la justicia, los 70 detenidos deberían
estar en sus casas esperando a que el Ministerio Público presentara evidencias
y no solamente dichos que los involucraran en los hechos.
Si este país es uno en donde la justicia, el derecho y el
imperio de las leyes gobierna, todos los detenidos deberían estar libres en espera
del señalamiento puntual y las pruebas fehacientes que comprueben su
participación en los eventos del 1 de diciembre pasado. Una cosa le hemos
comprado a los gobiernos de la izquierda, y mucho más después de seis años del
reinado del terror: que son más sensibles a los temas progresistas, como la
defensa de los derechos de los individuos.
Si Miguel Ángel Mancera Espinosa quiere empezar con el pie
derecho, debería mostrarnos públicamente a los policías agresores, exhibir con
pruebas en la mano a los vándalos que provocaron los destrozos en nuestro
Centro Histórico y liberar a todos aquellos sobre los cuales no existen
pruebas.
Pero no hacerlo como hasta hoy, como lo hizo el gobierno de
Marcelo Ebrard Casaubón: todos a prisión, menos los policías y los vándalos,
puede salirle caro. Ahora pagan, injustamente, los hijos de alguien que, al
final, son nuestros hijos: hijos de esta misma ciudad.
Este contenido ha sido publicado originalmente por
SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/07-12-2012/11136.
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